Imagen de una manifestación de unos sanitarios durante la pandemia

Quejas de los sanitarios de una comunidad por recortar sus derechos en plena pandemia

Protestan por la falta de diálogo y la imposición de un día para el otro

Imagen de una manifestación de unos sanitarios durante la pandemia
Los sanitarios han protagonizado protestas y manifestaciones durante la pandemia | Àngel Ullate

Desde el inicio de la pandemia han sido sin lugar a dudas el colectivo más aplaudido por el trabajo realizado durante estos meses. Los sanitarios, médicos y enfermeras han estado al pie del cañón en la lucha contra el coronavirus pese a la gran carga de trabajo y el alto riesgo de contagio al que se han sometido, además de tener una gran carga emocional. 

Por eso motivo, los sanitarios de Castilla y León han querido mostrar su desacuerdo con la última decisión de la junta de cambiar ciertas condiciones laborales a través de un decreto que se publicaba este sábado en el  Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). 

Los seis principales sindicatos médicos (CSIF, Satse, CSM, CCOO, UGT y USAE) han acusado al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, de «disparar» contra los trabajadores de Sacyl (el sistema público de sanidad en la comunidad). Explican que este decreto «recorta los derechos de los trabajadores». 

Las cuestiones polémicas del decreto

¿Y qué es lo que recoge este decreto? Según lo que se publicaba en el Bocyl, el objetivo era «dar un paso más en las políticas de gestión del personal sanitario». Con él se permite adaptar durante el período que sea necesario adaptar algunos de los derechos de los sanitarios. 

Se da total libertad al titular de Sanidad para que modifique permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, régimen de turnos y descansos o guardias médicas según su propio criterio y sin necesidad de negociación con los propios afectados. También se pueden modificar las condiciones de los profesionales sanitarios en formación, el personal con dispensa por la realización de funciones sindicales, la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación, y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal.

No es el primer enfrentamiento de los sanitarios con la Junta pues recuerdan «su promesa y posterior incumplimiento» de impulsar una jornada de 35 horas. Protestan por lo que consideran un «simulacro de negociación» en la mesa sectorial. Creen que está ha quedado rota tras «tras la publicación con nocturnidad y alevosía, de un acuerdo que nunca se llegó a negociar».

Pese a ello no se cierran del todo a seguir hablando por si se puede hacer cambiar de postura al gobierno regional. Confirmaba a EFE que si asistirán a una reunión telemática con la Consejería de Sanidad que tendrá lugar este mismo lunes. 

Piden la dimisión del presidente de Castilla y León

Los sindicatos insisten en que el gobierno autonómico «despreciado e ignorado» la postura negociadora que ellos habían mantenido durante los últimos días para «garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial». No han dudado en calificar la decisión de la Junta como «el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público». También han criticado la mala gestión durante la pandemia. 

Las quejas de los profesionales sanitarios de Castilla y León también se centran en el incumplimiento de varias promesas por parte de la Junta. «No se ha reforzado la Atención Primaria; no se ha reforzado la Atención Hospitalaria; no se han contratado rastreadores», explicaban. Además cuestionaban que «no se sabe dónde ha ido a parar el dinero destinado para este fin, pero desde luego no para la sanidad».

Son por estos motivos por lo que han pedido la dimisión del presidente Alfonso Fernández Mañueco. «No merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más», afirmaban. En un comunicado conjunto, llegaban a la conclusión que la comunidad «no merece tener un Presidente que no cumple sus promesas, que miente, y que se ríe y conspira contra sus empleados públicos y contra la población».