El Gobierno está a punto de afrontar la primera gran derrota de la era de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Este jueves, el Congreso tumbará el decreto de remanentes municipales.
Es una obviedad que no corren buenos tiempos para Pedro Sánchez, que ha visto como se le está complicando todo por culpa del coronavirus. A parte de la pandemia, existen otros aspectos importantes con los que el presidente tampoco podrá cantar victoria.
Esta es la tercera vez desde el 1979 que la Cámara baja no convalida un decreto. PNV, ERC o Ciudadanos han trasladado que Hacienda no se ha movido ni buscado puntos de encuentro.
De esta forma, el Congreso tumbará este decreto de las remanentes municipales. Es cierto que los grupos han estado negociando hasta el último momento, aunque el acuerdo no ha llegado finalmente. Algunos medios de comunicación como 'El confidencial' afirman que se trata de una derrota histórica del Gobierno de coalición formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Por otro lado, los comunes finalmente decidieron apoyar este decreto pese a que en un primer momento mostraban oposición. «Las conversaciones mantenidas con el Gobierno no han sido suficientes para superar las diferencias preexistentes», explicaban desde el PNV, partido que sí que ha mostrado su oposición.
Montero ya vaticina la derrota
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado este jueves a la «reflexión» a los grupos de la oposición en lo que ha sido un último intento para intentar salvar el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que este jueves se somete a su debate de convalidación en el Pleno del Congreso.
La propia ministra ha sido la que ha reconocido que «hay bastantes probabilidades de que el decreto decaiga, ya que en principio solo va a contar con los votos a favor de los dos grupos que conforman el Ejecutivo de coalición».
Según afirma 'Europa Press', Hacienda ha alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos pero no ha logrado convencer al resto de la oposición, que unirá fuerzas para tumbar el decreto aprobado el pasado mes agosto en virtud del acuerdo aprobado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Además, Montero ha advertido de que el hecho de que el decreto decaiga supondría «un grave contratiempo» para los entes locales, que no podrán utilizar recursos adicionales para defender los intereses de los ciudadanos.