Parecía que la aprobación de la renta mínima vital estaba más cerca que nunca. El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, mostró desde el inicio de la crisis del coronavirus la necesidad de materializar esta ayuda con mayor celeridad.
El objetivo de Iglesias era garantizar un ingreso mínimo para aquellos colectivos que ya estaban en una mala situación económica antes de la crisis y que, como consecuencia de ella, son aún más vulnerables.
La renta mínima vital ya era una medida incluida dentro del programa del Gobierno de coalición, pero ante las dificultades para su aprobación el vicepresidente quería impulsar con urgencia un ingreso vital que sirviera de puente hasta que se estableciera la medida permanente.
Sin embargo el Ministerio de Seguridad Social, encargado de elaborar el diseño definitivo de la ayuda vital, ha acabado de golpe con las pretensiones de Pablo Iglesias.
En declaraciones a Antena 3, José Luis Escrivádescartó que tuviese ningún enfrentamiento con Pablo Iglesias a raíz de esta medida, pero lo corrigió al señalar que no se aprobaría ningún ingreso puente con carácter urgente por la crisis del coronavirus.
La medida será permanente
Escrivá reconoció que la aprobación de la renta mínima vital era complicada porque conlleva «una labor de identificar bien los colectivos, afinar bien procedimientos y desarrollarlos, así como evitar compatibilidades».
Sin embargo, señaló que la intención del Gobierno era «estrechar los plazos al máximo» y aprobar cuanto antes la medida de carácter permanente, descartando la ayuda puente que había propuesto Iglesias.
A pesar de anunciar que la medida se aprobaría «pronto», el ministro no ha querido señalar ninguna fecha concreta, lo que incrementa la incertidumbre de los colectivos más necesitados.
El ministerio dirigido por Escrivá está ahora inmerso en el despliegue de buena parte de las ayudas que ha decretado el Gobierno, entre ellas los aplazamientos de cuotas a los trabajadores autónomos o la suspensión de las cotizaciones de empresas que se acogen a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
De esta forma, el ingreso mínimo vital que tanto esperaban los colectivos más vulnerables de nuestro país no se considera una ayuda urgente dentro del paquete de medidas para paliar los efectos del coronavirus, por lo que podría llegar a posponerse incluso meses.