Dentro de la gravedad de la situación, hasta ahora el Gobierno se sentía relativamente cómodo en la estrategia de asumir el mando único que le proporcionaba un estado de alarma que ha podido ir prorrogando gracias al respaldo del PP. Pero la pérdida del apoyo de los populares le coloca en una situación de debilidad que deja algo claro: hay que tener un «plan B».
Y es que esta vez el Gobierno ha salvado los muebles gracias al acuerdo de última hora con Ciudadanos, pero Pedro Sánchez tiene claro que será muy difícil conseguir nuevas prórrogas y ya se ha puesto a trabajar en un plan alternativo que contempla medidas como el control de tráfico entre provincias y mantener las ayudas a trabajadores, autónomos y pymes.
La prioridad del gobierno cuando finalice el estado de alarma es blindar las medidas sanitarias, económicas y de movilidad que ha ido aprobando hasta ahora. Por eso están diseñando el escenario después del 24 de mayo, cuando finalice la prórroga del estado de alarma que se aprobará hoy y se inicie la fase 2 del plan de desescalada.
Descartada una la ampliación del estado de alarma, Pedro Sánchez prevé acogerse al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril para ir desplegando el resto de fases del plan de desescalada. Las nuevas medidas tendrán por lo tanto una vigencia abierta y no supeditada al marco excepcional del estado de alarma.
Una de las consecuencias de este hecho es que, tal y como ha pedido Ciudadanos en el marco de las negociaciones en las últimas horas, las ayudas socioeconómicas como los ERTE quedan desvinculadas del estado de alarma y se mantendrán una vez que este finalice.
Aunque estos días el Gobierno amenazaba con que la pérdida de estas ayudas si no se aprobaba la prórroga, el ejecutivo está trabajando con los agentes sociales para alargar los expedientes que ahora mismo benefician a cuatro millones de trabajadores. Moncloa informa también que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha empezado ya a organizar la desvinculación de las ayudas del estado de alarma.
La posición del Gobierno ahora es que los ERTE no son sólo una cuestión laboral sino un tema de Estado que tiene que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo, y por eso quiere mantener este instrumento pasado el estado de alarma, junto a otras medidas en el ámbito económico como la moratoria de hipotecas y alquileres, la prohibición del corte de suministros básicos, y la liquidez a pymes y autónomos con líneas de crédito.
Otra de las prioridades del Gobierno en su plan para después del estado de alarma es reforzar el control de la movilidad entre provincias, para lo cual prevé sustituir las medidas coercitivas bajo el mando único por la cooperación con comunidades autónomas.
En este sentido, la fase 2 contempla los desplazamiento a las segundas residencias sólo si se encuentran en la misma provincia (de lo contrario, habrá que esperar como mínimo hasta el 22 de junio). Moncloa también ha pedido a Interior el diseño de un dispositivo para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado lleven a cabo un control específico del tráfico entre provincias, una ley que se podría concretar los próximos días y que tiene como base legal el mantenimiento de la salud pública.