Imagen de Pedro Sánchez con la mascarilla sanitaria en el Congreso de los Diputados

El plan para más restricciones después del 9 de mayo gana peso

Los socios de Pedro Sánchez se alinean con el PP para pedir una alternativa jurídica después del estado de alarma

Pedro Sánchez sigue en sus trece y da por hecho que el 9 de mayo desaparecerá el estado de alarma. Pero entonces, las comunidades dependerán de los jueces a la hora de aplicar las restricciones y se entrará en un escenario incierto y conflictivo. Por eso aumenta la presión para que el Gobierno presente un plan alternativo.

Hasta ahora, el contexto de excepcionalidad de la pandemia ha permitido a Pedro Sánchez reunir apoyos suficientes para sacar sus medidas. Pero ahora se dibuja otro escenario, y sus socios empiezan a darle la espalda. ERC, Bildu y PNV, entre otros, se alinean con el PP para pedir un plan alternativo que dé seguridad jurídica a las restricciones.

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El Gobierno y el resto de formaciones parten de ideas diferentes sobre el momento en el que estamos. Empujado por un optimismo desbordante, Pedro Sánchez cree que la vacunación ha cambiado el escenario y que no será necesario prorrogar el estado de alarma. En su horizonte hay una rápida recuperación y una vuelta a la normalidad en verano. En la oposición, sin embargo, temen la inseguridad jurídica que creará la nueva situación y los socios del Gobierno se unen a su petición.

ERC, EH Bildu, PdeCat, Compromís y Más País dieron un primer paso la semana pasada al exigir una alternativa jurídica al estado de alarma. El PSOE se comprometió el verano pasado a desarrollar herramientas jurídicas para cubrir las restricciones, pero meses después sigue sin haber noticias del famoso plan B. Además, en varias ocasiones los miembros del Gobierno han defendido que estas herramientas ya existen, apelando por ejemplo a la ley de medidas especiales por motivos de salud pública.

Ciudadanos y ERC, más cerca del PP

La idea inicial era que los socios de Sánchez apoyaran el plan B del PP en el Congreso, pero la semana que viene no hay pleno por las elecciones madrileñas y parece que no llegarán a tiempo. Mientras, el PNV es partidario de prorrogar el estado de alarma pero calla para no darle más baza al PP y a Isabel Díaz Ayuso antes de las elecciones.

ERC, el otro gran socio de Sánchez, ha sido más claro y se ha mostrado a favor de tramitar por vía de urgencia el plan del PP. Una posición similar a la de Compromís, que ha afirmado que no se opondrán. En Bildu, por su parte, sin más prudentes, pero están abiertos a estudiar la propuesta de los populares. Todos ellos, juntos con Ciudadanos, coinciden en algo: critican que sea el PP y no el Gobierno quien esté proponiendo un plan alternativo.

Ciudadanos se convirtió el año pasado en el partido clave para aprobar las sucesivas prórrogas del estado de alarma sin un plan alternativo. Inés Arrimadas no ha querido desvelar su posición respecto al plan del PP, pero ha dado algunas pistas: «El Gobierno va a pasar del estado de alarma al estado de incertidumbre». Los apoyos del PP se podrían ampliar con PdeCat y Más País, pero en el partido de Errejón lo ven como fuegos de artificio del PP con fines electoralistas y pocos visos de convertirse en realidad.

El Gobierno resiste a la presión

Curiosamente, el único apoyo firme que le queda al Gobierno es el de Vox, que ha dejado claro que «ya es hora de que los españoles recuperen su libertad». Mientras, en Moncloa resisten la presión e insisten en la idea de no prorrogar el estado de alarma. Una vez más, apelan a los «instrumentos suficientes» de las comunidades para imponer medidas, y exhiben sus datos optimistas según los cuales no será necesario ir más allá.

Pero además, en el Gobierno no dudan en señalar lo que consideran una manifiesta contradicción: los mismos partidos que en el primer estado de alarma se opusieron a las prórrogas, ahora se pronuncian en un sentido favorable. Moncloa no quiere modificar la legislación actual y recuerda que la restricción de derechos fundamentales es una cuestión muy seria que debe ser regulada con el estado de alarma. Para prorrogar el estado de alarma se necesita la autorización del Congreso.

Descartada la vía de la prórroga, el Gobierno tampoco quiere añadir más leyes al marco legal actual, a pesar de que la ley de medidas especiales tiene fecha de 1986. En Moncloa no ven problemas en que sea la justicia quien avale las medidas, y defienden el papel del Consejo Interterritorial en la adopción de medidas de obligado cumplimiento.

Pedro Sánchez no tiene previsto ampliar el estado de alarma, y la buena marcha de los datos epidemiológicos respaldan su posición. En esta situación, después del 9 de mayo el Gobierno volverá a sujetar toda su estrategia en la cogobernanza con las comunidades. Ahora habrá que ver qué peso tiene la posible alianza entre los socios de Sánchez y el PP, que ya empieza inquietar a Moncloa.