Durante varios días el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado navegando entre dos aguas ante la división de los barones territoriales sobre si apoyar o no la prórroga del estado de alarma que mañana se votará en el Congreso, pero en las últimas horas ha roto el silencio para desvelar que el PP no apoyará al Gobierno.
Uno de los argumentos de los partidarios del «sí» era que no hay un plan B, un argumento que también utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para poner al principal partido de la oposición entre la espada y la pared, y forzar su apoyo apelando a la responsabilidad. Pero, ¿y si el PP no estuviera yendo de farol y tuviera un plan alternativo?
Esto es lo que le ha dado a entender Pablo Casado a Pedro Sánchez en la conversación telefónica que mantuvieron ayer, en la que el presidente del Gobierno volvió a recordarle al jefe de la oposición que no hay un plan alternativo y que tumbar la prórroga del estado de alarma supone ir al caos sanitario y económico. Pero Casado le respondió que el PP no va de farol, y le desgranó el plan de los populares para sustituir el estado de excepcionalidad actual.
La tesis del PP es que el estado de alarma es un mecanismo de excepcionalidad democrática que no ya no puede alargarse más, y hay que sustituirlo por otros mecanismos como la Ley de Salud Pública. Por eso ha diseñado junto con un grupo de asesores un plan para mantener el coronavirus bajo control sin que el Gobierno siga concentrando plenos poderes.
¿Y en qué consiste el plan B del PP? Su estrategia persigue una salida ordenada del estado de alarma a partir de dos grandes propuestas: desvincular las ayudas económicas del estado de alarma, y contar más con las comunidades autónomas y la oposición.
Una de las exigencias en las que ha puesto más énfasis es la de desvincular las ayudas socioeconómicas del mecanismo excepcional del estado de alarma para favorecer la recuperación del tejido empresarial y económico del país. El PP sólo aprobará las ayudas si son vía decreto, ya que de lo contrario, dice, se está haciendo un chantaje emocional.
La segunda propuesta tiene que ver con la posibilidad, contemplada dentro de la Ley de Salud Pública, de que el ministro de Sanidad asuma competencias extraordinarias si hay un repunte de los contagios y el estado de alarma no está vigente. La clave está en que por esa vía, el Gobierno tiene que consensuar las medidas con las comunidades autónomas y la oposición.
Según el ordenamiento jurídico «la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimento de la ley», permitiendo entre otras cosas la intervención de medios personales o materiales, o el cierre de industrias.
Pero una derivada de esta ley dejaría sin cobertura legal las medidas de confinamiento que el Gobierno tiene previsto levantar dentro de ocho semanas. Dicho de otro modo, si fracasa la prórroga del estado de alarma, los ciudadanos tendrán libertad de movimientos a partir del 11 de mayo, lo cual sería para el Gobierno deshacer el camino andado y exponerse a un repunte de los contagios y miles de muertos.