El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta mañana en el Congreso de los Diputados el plan de recuperación para transformar España. Lo ha aprovechado para anunciar la ampliación de las medidas sociales excepcionales en el ámbito de la vivienda más allá del 9 de mayo, durante 3 meses más.
Se trata de las políticas de moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios que el Gobierno aprobó en el contexto del estado de alarma vigente. La prolongación de la crisis ha llevado a prorrogar también estas medidas, que pretenden garantizar «una vivienda digna y adecuada» a la espera de que se apruebe la ley estatal de vivienda.
El 22 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el decreto para suspender los desahucios de inquilinos vulnerables e impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas. Fue una medida aprobada en un contexto de crisis generalizada, orientada a «proteger las familias más vulnerables».
El acuerdo establecía la duración de estas medidas excepcionales hasta el final del estado de alarma. Pero esta mañana, desde el Congreso de los Diputados, el presidente ha anunciado que se alargarán tres meses más una vez finalice el estado de alarma, el 9 de mayo. Concretamente, se ampliará la posibilidad de solicitar la moratoria del alquiler o la condonación parcial del mismo en viviendas de grandes propietarios de propiedad pública.
La prórroga de las medidas incluye también los contratos para acogerse a la prórroga de seis meses en el pago del alquiler, y la suspensión de los desahucios y lanzamientos de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional. El presidente ha hecho hincapié en que se trata de medidas excepcionales, y que la solución al problema de la vivienda en España tendrá que venir de la mano de una ley estatal.
La ley de la vivienda en el horizonte
La prórroga hasta el 9 de agosto demuestra que la recuperación queda aún lejos a pesar de que hoy mismo el Gobierno presenta el plan de recuperación con ciertos aires de triunfalismo. La duración de la crisis ha obligado a ampliar el escudo social a petición del ministerio de Derechos Sociales que dirige la recién estrenada ministra Ione Belarra.
De hecho, el equipo de Unidas Podemos pedirá una nueva prórroga. Consideran que hasta el 9 de agosto no es suficiente, y proponen que las medidas sean efectivas hasta el 31 de diciembre coincidiendo con la ampliación de los ERTE. Mientras, PSOE y Unidas Podemos siguen negociando la ley estatal de vivienda para regular el precio de los alquileres.
Los dos partidos del Gobierno no se acaban de poner de acuerdo en torno a esta cuestión. Unidas Podemos quiere intervenir directamente los precios del alquiler, mientras que el PSOE busca fórmulas alternativas que supongan una invasión tan directa. La última propuesta pasa por aplicar un aumento del IBI de hasta el 200% por vivienda vacía.
Fuentes internas de la negociación reconocen que aún están lejos de llegar a un acuerdo. Esta misma mañana se ha producido una nueva reunión entre el secretario general de Agenda Urbana, el socialista David Lucas, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Ambas partes están de acuerdo en subir el IBI, pero no se ponen de acuerdo en la cantidad. Para agilizar la negociación, han acordado incorporar a un equipo del ministerio de Hacienda que dinamice las conversaciones.
'El peor presidente de la democracia'
La oposición ha criticado duramente el discurso triunfalista de Pedro Sánchez esta mañana, y Pablo Casado ha sido el más duro. «¿Usted quién se cree que es?», le ha dicho, y le ha definido como «el peor presidente de la democracia». Más allá de los eslóganes, le ha pedido que lleve el plan de recuperación al Congreso para que sea debatido y votado.
Por su lado, Pedro Sánchez ha defendido su plan y lo ha comparado con la Segunda República, «aquel ambicioso proyecto que buscaba la modernización del Estado y de la sociedad, la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura y el valor de la democracia».