Los trabajadores españoles, tanto públicos como del ámbito privado, podrían verse obligados a vacunarse contra la COVID-19 muy pronto. Así lo han pedido ya varias asociaciones y organizaciones de empresarios, algunas de ellas muy importantes.
La última en unirse a la petición ha sido la misma CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Su versión llega después de que Foment del Treball, la principal patronal de Cataluña, pidiese esta medida al Gobierno.
Concretamente, Foment del Treball pidió valorar la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria para todos los trabajadores. Argumentan que "el progresivo retorno a la presencialidad" y la "aplastante evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas" así lo requieren. Creen que una medida así ofrece la oportunidad de recuperar los viejos hábitos de la vida cotidiana de forma más segura.
La CEOE, por su parte, se ha sumado a la petición y así se lo hará saber al Gobierno y al Ministerio de Sanidad. "Se trata de que prevalezcan el interés general y la seguridad sanitaria", explica la organización.
Creen que "existen suficientes disposiciones legales que fundamentarían una decisión del ministerio en este sentido. Es cuestión de voluntad política establecer la obligatoriedad de la vacuna", exponen.
Así, la patronal española quiere que todos los trabajadores estén obligados a vacunarse para seguir desarrollando su actividad profesional. La intención es que casi toda la población esté vacunada, de manera que los contagios no supongan un problema para la economía.
Hasta ahora, cuando los contagios aumentaban, también lo hacían las restricciones, que se cebaban con algunos de los sectores económicos más importantes. Así, la hostelería, el ocio nocturno o la cultura tenían que cerrar o tenían aforos muy limitados que dejaban su actividad económica en números rojos.
Si todos los trabajadores están vacunados, un contagio entre el personal no supondría un problema de salud para el resto. Incluso podrían evitarse las cuarentenas obligatorias del resto de trabajadores de la empresa, como ya ocurre con los niños vacunados en los colegios.
De esta forma, la patronal española se alinea con las tesis de otros países que ya han tomado este camino. En Estados Unidos o Italia, sus gobiernos ya exigen la vacunación obligatoria a todos los trabajadores. En otros países se aplica solamente a los trabajadores públicos, y en otros, de momento, se exige para los trabajadores sanitarios.
La ley española podría permitir tomar esta medida
La patronal cree que la legislación española permitiría una medida de este calibre sin entrar en contradicciones con los derechos individuales de los ciudadanos. El artículo 42 de la Constitución establece que los "poderes públicos" podrán "organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas".
Por lo que, bajo este artículo, el Gobierno podría obligar a vacunar a toda la población para proteger la salud pública nacional.
La ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales también podría contemplar "excepciones" respecto a la voluntariedad de los trabajadores. Si se entiende que la COVID-19 representa un riesgo laboral, podría obligar a vacunarse a todo el personal.
A pesar de todo, la patronal es consciente de que hay un conflicto entre el derecho individual de los trabajadores y el interés general. Aun así, creen que el Gobierno puede "imponer este tipo de medidas para salvaguardar la salud del conjunto de la sociedad".
Recuerdan, en ese aspecto, que en todo el mundo se han puesto ya más de 6 millones de dosis de las vacunas. Son seguras y eficaces para prevenir la enfermedad y han permitido a muchos países retomar una cierta normalidad prepandémica.
La intención, entonces, es volver a esa normalidad con la seguridad y garantía de que los trabajadores estén vacunados.