Mientras la Comunidad de Madrid se prepara para la contienda electoral del próximo 4 de mayo y es el foco de todas las miradas de la actualidad política gracias a la campaña electoral que arrancó el pasado martes, siguen produciéndose movimientos a escala nacional, pero en una frecuencia de tono mucho más discreta. Si la jornada electoral en la Comunidad de Madrid va a celebrarse en martes, ese mismo sábado caducará el estado de alarma. Desde el PSOE ya se ha dejado claro que apuestan por no prorrogarlo, si bien los obstáculos con el plan de vacunación de las últimas semanas han sembrado dudas sobre si los socialistas podrían cambiar de opinión.
En Unidas Podemos ya se han posicionado veladamente a favor de prorrogar esta herramienta jurídica, así como en el caso de otras fuerzas políticas que dan apoyo al Gobierno en el Congreso: es el caso del Partido Nacionalista Vasco, que reclamó la semana pasada una alternativa jurídica al estado de alarma si el Gobierno rechaza finalmente prorrogarlo. La cuestión se debate todavía en un tono muy leve, pero no hay duda de que va a subir de intensidad de forma clara a partir de la semana que viene, cuando el estado de alarma vigente desde octubre entre en tiempo de descuento.
El PP no apoyará una prórroga del estado de alarma...
Una de las claves sobre el futuro del estado de alarma es la posición definitiva que tomen los grandes partidos. Este martes, 20 de abril, se ha definido el primero y lo ha hecho de forma muy clara. Se trata del Partido Popular: su dirección nacional ha tomado el claro posicionamiento de oponerse a cualquier prórroga del estado de alarma. «Votaremos en contra porque los españoles no aguantamos más. Es una herramienta estéril», ha anunciado en una rueda de prensa esta mañana el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. De esta forma, los populares dejan clara su posición contraria a que España siga en estado de alarma más allá del 9 de mayo.
Ahora bien, tras dejar clara la oposición rotunda del partido a la alarma, Pablo Casado ha advertido que darán apoyo al Gobierno en el caso de que se apruebe un plan B jurídico «de verdad», es decir, que permita a las comunidades autónomas aplicar confinamientos perimetrales y toques de queda siempre que la situación de la pandemia así lo exija, y «sin necesidad de recurrir a la herramienta del estado de alarma». «Esta es la última posibilidad que tiene Sánchez, si no el 10 de mayo estaremos viendo ejemplos estrambóticos», ha dicho Maroto, en referencia a la celebración de fiestas nocturnas, que sin el estado de alarma ni otras herramientas aplicables pasarían a ser perfectamente legales.
Hay que recordar que, hoy por hoy, Pedro Sánchez no se ha manifestado solamente contrario a prolongar el estado de alarma, sino también a la aplicación del plan B que el PP vería con buenos ojos. Así pues, ya han sido varios los presidentes autonómicos que le han exigido introducir modificaciones a la Ley de Sanidad para poder aplicar medidas extraordinarias sin tener que prolongar el estado de alarma. Por ahora, Sánchez se niega a ello, y eso hace que los partidarios de seguir con las medidas defiendan, ante tal negativa, continuar con el estado de alarma. La postura es lógica: antes de que el 10 de mayo se vuelva a la normalidad total con el levantamiento de todas las medidas y a falta de plan B, se agarran a la prolongación del estado de alarma.
... en contra del criterio de algunos de sus barones de más peso
Esta era la postura que en las últimas semanas habían manifestado algunos presidentes autonómicos, incluso del Partido Popular. Tres ejemplos muy claros de esta opinión eran el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los tres habían defendido alargar el estado de alarma en forma de moratoria para dar tiempo al Gobierno a hacer las modificaciones legislativas necesarias que permitan a las comunidades dictar cierres perimetrales o toques de queda sin necesidad de recurrir a la mencionada herramienta jurídica.
Pero hoy el PP parece haber girado la espalda a estos barones territoriales y se ha mostrado contundentemente en contra de la prolongación más allá del 9 de mayo del estado de alarma, se presente o no un plan B jurídico por parte del Gobierno del cual por ahora no hay noticia alguna. El PP ha tomado, pues, la determinación de dejar caer el estado de alarma y añade todavía más presión al Ejecutivo, que debe ponerse de inmediato manos a la obra si quiere evitar que, a partir del próximo 10 de mayo, se levanten todas las medidas restrictivas vigentes en España a día de hoy. Se avecinan días de trascendencia política para determinar qué ocurre en nuestro país en cuestión de dos semanas y media.