El COVID-19 ha afectado a la economía española, que se ha visto resentida notablemente. Ahora, esta se ve amenazada por otro enemigo inesperado: la alta inflación.
Un poder adquisitivo menor
El IPC tocó máximos de hace 9 años el pasado mes de agosto con un 3,3%. Esto se debe al encarecimiento sin precedentes que está experimentando la factura eléctrica, algo que tiene su impacto en el resto de la economía española.
De hecho, los pensionistas y trabajadores ven como su poder adquisitivo desciende al aumentar el precio de las facturas.
El Estado también tendrá que hacer frente a un gran desembolso con el que no había contado. Con este se engordará considerablemente el déficit de la Seguridad Social. Y es que el Ejecutivo español está comprometido a pagar a alrededor de 9 millones de pensionistas una paga extra si la inflación sube este año más de lo previsto.
Todo apunta a que esto sucederá y el Gobierno deberá abonar esta paga para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
Las nuevas previsiones de los expertos sitúan la inflación media al final del año en el entorno del 2,4% y 2,5%, según Funcas, Bankinter y CCOO.
Este notable repunte se traduce en que las pensiones deberían elevarse alrededor de 1,3% adicional para compensar esta desviación, una compensación que les llegará a los mayores a comienzos del próximo año. Esta paga rondará los 200 euros y se cobrará en un único pago.
En concreto, los pensionistas recibirán 188 euros de media para que puedan mantener así su poder adquisitivo. Esto está garantizado por ley desde que se derogó el índice de revalorización que puso en marcha el Gobierno del PP.
Por su parte, los jubilados verán su cuenta aumentada en 216 euros, que compensarán ese 1,3% de desviación.
Las viudas también incrementarán su paga, que subirá concretamente 134 euros.
Un gasto mayor del esperado
La Seguridad Social tendrá que pagar un extra de unos 1900 millones de euros para hacer frente a esta situación conocida como paguilla. Esta será la última de la historia, a no ser que la ley vuelva a cambiarse.
El gasto en pensiones para este año estaba previsto que se situara en los 145 618 millones, según refleja el Informe económico financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social. Con este imprevisto, ahora se elevará por encima de los 147 500 millones.
Además, a todo esto hay que sumarle que con la entrada del nuevo año las pensiones volverán a subir. En este caso, lo harán con el IPC medio del diciembre pasado a noviembre. De hecho, así consta en la nueva ley de reforma aprobada recientemente por el Gobierno y que está ya tramitándose en el Congreso.
De esta manera, los jubilados volverán a notar un gran repunte de sus prestaciones del 2,2%, según los cálculos de Funcas.
Con la nueva revalorización, el Estado tendrá que añadir una partida extra de 1466 millones de euros, según Funcas. Con ello, el repunte de la inflación supondrá un gasto extraordinario de más de 5100 millones de euros.
No obstante, el siguiente año ya no habrá pagas compensatorias. Y es que con la nueva fórmula las pensiones se revalorizarán de acuerdo al IPC medio del año anterior.
De esta manera nunca podrá haber pérdida de poder adquisitivo, en todo caso ganancia. Y es que, si la inflación resulta negativa, se congelarán.
Quienes están perdiendo también capacidad adquisitiva por la inflación son los trabajadores. No obstante, estos no tendrán ninguna prestación compensatoria.
Los salarios de trabajadores privados perderán 222 euros anuales, mientras que las pérdidas para los empleados públicos rondarán los 530 euros anuales, según datos de la EPA.
Por el momento, se desconoce si el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomará medidas para compensar estas pérdidas, especialmente las de los funcionarios.