«Iglesias, el de la gente, el del pueblo, estaría imputado en la Audiencia Nacional si no es porque está aforado por ser diputado en el Congreso, y por tanto está mucho más cerca de la cárcel de lo que va a estar Isabel Díaz Ayuso en toda su vida». Con estas palabras se refería esta misma semana el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, al líder de Unidas Podemos y candidato por esta formación a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se hace evidente, pues, que la tensión propia de la previa electoral en Madrid ya aflora aunque el inicio oficial de la campaña deberá esperar todavía algunas semanas, hasta el 18 de abril.
Las declaraciones de Almeida no eran gratuitas, sino la respuesta a otras que, en un sentido similar pero dirigidas a Isabel Díaz Ayuso, lanzó Pablo Iglesias. «Es más que probable que cuando se investigue de verdad a Isabel Díaz Ayuso, sea imputada y acabe en prisión», dijo el todavía vicepresidente segundo del Gobierno en referencia a la candidata popular a la reelección en la presidencia de la Comunidad de Madrid. En definitiva, una guerra de declaraciones muy contundentes que ya ha arrancado a seis semanas de la contienda electoral que elegirá la composición de la nueva Asamblea de Madrid.
Iglesias y el caso Dina...
Pero, ¿qué hay de cierto en este intercambio de declaraciones? ¿Hay posibilidades reales de que Pablo Iglesias o Isabel Díaz Ayuso sean investigados y acaben condenados, incluso a prisión? ¿O se trata meramente de palabras que, como tantas otras en época de precampaña, va a llevarse el viento sin mayores consecuencias? Lo cierto es que el líder de Unidas Podemos tiene por ahora abierta una investigación que le incluye en la Audiencia Nacional; sin embargo parece que la investigación no fructifica en el sentido de encontrar indicios sólidos que puedan permitir la atribución de algún delito a Pablo Iglesias.
Se trata del caso Dina. En octubre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó al Tribunal Supremo que investigara a Pablo Iglesias en referencia a este caso, ya que Iglesias es aforado por ser diputado en el Congreso y ello obliga a ceder la causa al alto tribunal. Tras unos meses estudiando la instrucción, a finales de enero de 2021 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluyó que no ve indicio de delito alguno en la actuación de Pablo Iglesias, coincidiendo con el criterio que defendía la Fiscalía General del Estado. De esta forma, los jueces del Supremo rechazaron investigar a Iglesias, aunque pidieron a García Castellón que prosiguiera con la investigación hasta agotarla y, en el caso de que encontrara nuevos indicios contra Iglesias, remitiera al Supremo otra petición de investigación razonada contra el aún vicepresidente segundo del Gobierno.
Cabe recordar que Pablo Iglesias abandonará su escaño en las próximas semanas, de manera que perderá el aforamiento y podría ser citado por la Audiencia Nacional, aunque esa es una circunstancia que está por ver. Por ahora, pues, no hay ninguna imputación a Iglesias ni ninguna investigación de la cual se desprendan opciones reales de que el líder de Unidas Podemos pueda acabar condenado ni en la cárcel. En todo caso, García Castellón busca indicios que pretendan imputar a Iglesias por delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa, por el caso del robo de la tarjeta SIM del móvil de su exasesora, Dina Bousselham. El magistrado cree que Iglesias utilizó la filtración de su contenido para fines electorales.
... y Ayuso y sus supuestas relaciones con el Caso Púnica
Tampoco hay ninguna investigación judicial abierta contra Isabel Díaz Ayuso, pero las palabras de Iglesias hace unos días resonaron con fuerza. La excandidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, Isa Serra, ha explicado en una entrevista a 'The Huffington Post' por qué cree que su partido que Ayuso puede terminar «investigada y condenada». En primer lugar, recuerda como los primeros pasos de la presidenta madrileña en política fueron de la mano de Esperanza Aguirre, a la vez que trabajaba en la empresa Madrid Network, que se menciona en varias ocasiones en la investigación del caso Púnica.
«Ayuso es esa que le pedía favorcillos a Alejandro de Pedro, que es el conseguidor de la Púnica. Es la persona que ha recibido un trato de favor por parte de Avalmadrid, lo dice una comisión de la Asamblea de Madrid que ella ha cerrado, pero que tiene conclusiones muy claras», ha manifestado Serra, que ha añadido otras actuaciones éticamente discutibles de la presidenta madrileña, pero que por ahora no constituyen motivo de investigación judicial. «Ayuso ha recibido un regalo por parte de Kike Sarasola en mitad de la pandemia cuando la gente estaba temiendo que la pudiesen echar de sus casas con los desahucios», dice Serra, que recuerda que «eso va contra el reglamento de la Asamblea y contra el código ético de la Comunidad».
Por todo ello, Serra considera que sus actuaciones pueden tener «consecuencias judiciales», si bien es cierto que no hay ninguna causa abierta contra Ayuso ni tan solo que deje entrever indicios delictivos por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En definitiva, si una posible condena a Iglesias parece por ahora lejos y poco probable, aún es más complicada, con los datos de que se disponen hoy por hoy, una imputación de Ayuso. En ambos casos, pues, un juego de declaraciones en campaña que tiene más de márketing que de realidad.