En la nube mediática que crean todas las informaciones relacionadas con el Covid, se ocultan en muchos casos otros hechos que afectan a la ciudadanía. Una de ellas es la que afecta a 4.000 vecinos de diferentes sectores de la Cañada Real, de los cuales 1.800 son menores que sufren cortes en electricidad, o en la mayoría de los casos, no tienen ningún tipo de acceso a la luz.
Este hecho no sería noticia si fuera algo puntual, pero el suministro lleva cuatro meses sin estar disponible para estos ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ninguna de las delegaciones del gobierno —ni las del Ejecutivo central— encargadas ha conseguido poner algún tipo de solución que solvente la problemática.
La nula resolución ha provocado un comunicado del encargado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter. En la carta dirigida al gobierno español se establece una advertencia, porque ya es el segundo contacto que realiza el comisario, en la primera obtuvo una respuesta negativa por parte del ejecutivo, que considera que escapa a sus competencias.
De hecho, María Jesús Montero se ha referido a la «vertebración competencial» existente en España como respuesta a la solicitud de la organización internacional, justificando que es competencia de los ayuntamientos y comunidades autónomas gestionar este tipo de crisis.
¿De quién es la culpa?
Porque fuentes del ayuntamiento han comentado al diario '20minutos' que tampoco se trata de su jurisdicción, sino que es cosa de la Comunidad de Madrid. «En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno» ha publicado De Schutter en su cuenta de Twitter.
Precisamente, ese mismo día terminaba el plazo que el comisionado había establecido para una respuesta del gobierno. En su primer contacto, Oliver reclamaba a España con urgencia restablecer el suministro de electricidad a las familias afectadas.
El representante de la organización global no ha sido el único en mostrar su descontento con la situación. Por ejemplo, Luis Pedernera, presidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha compartido que es una «verdadera lástima que el Alto Comisionado no tenga presenta las Recomendaciones formuladas en 2018 al Estado por parte del Comité de los Derechos del Niño sobre el vínculo entre Estado y autonomías».
La respuesta del gobierno
Desde el gobierno de Pedro Sánchez han surgido dos respuestas, la primera protagonizada por María Jesús Montero, que ha tenido lugar después de la reunión del Consejo de Ministros. «La actuación pasa por el reproche a las instituciones que no lo hacen, pero en ningún caso a la usurpación de funciones; No podemos sustituir el trabajo de otras administraciones» comenta la portavoz.
El otro ha sido Ernesto Gasco, que ha pretendido con sus comentarios evitar la polémica alrededor de esta cuestión. «Lo que necesitan los niños de la Cañada Real es diálogo y entendimiento» ha señalado, una respuesta que no suena muy convincente, ya que no da solución alguna a la carencia del suministro. Además ha puntualizado que no se ha efectuado aún la respuesta oficial a De Schutter.
Lo que sí ha mencionado es la necesidad de la Comunidad de Madrid —que es la parte de la administración encargada de este problema— de encontrar una solución para la Cañada Real. El responsable de esta competencia dentro de la demarcación territorial es David Pérez, del Partido Popular. Además de toda la lucha burocrática, el principal problema del suministro de electricidad a esta zona está vinculado con la sospecha a su uso en las plantaciones de droga.