La tercera ola de la pandemia ha frenado en seco la recuperación económica del tercer trimestre de 2020. Además, las medidas de estímulo aprobadas por el Gobierno, al margen de los ERTE y las ayudas a los autónomos, parecen no ser las suficientes.
Son muchos los que consideran que el Ejecutivo español deberá poner en marcha nuevas medidas destinadas a evitar la quiebra de miles de empresas que se han visto perjudicadas gravemente con la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.
Según un alto cargo del Banco de España, se debe incluir la entrada en el capital de pymes mediante préstamos participativos, un producto híbrido que remunera al prestamista en función de la marcha de la empresa, sin que ello suponga alterar su propiedad, teniendo en cuenta que los derechos políticos están limitados.
Tal y como aseguraba este martes la jefa de economía del Fondo Monetario Internacional, FMI, Gita Gopinath, mucho de lo que ocurra en los próximos trimestres dependerá del resultado de la carrera entre un virus que muta y las vacunas creadas para acabar con esta pandemia. Pero no solo eso, también obedecerá a la capacidad de las políticas para proporcionar un respaldo eficaz hasta entonces.
El problema principal de la economía en España es que caiga en un estado calificado como de «encefalograma plano», el peor de los escenarios. Un gran riesgo para un país que en 2020, según acaba de estimar el FMI, verá cómo su PIB se hunde un 11,1 por ciento, la tasa más elevada de las economías avanzadas.
Liquidez empresarial
Una de las grandes preocupaciones es también la que sostiene un alto cargo del Banco de España, la liquidez de las empresas que se manifestaron al comienzo de la pandemia. Esta se resolvió con la línea de avales del ICO, pero podrían convertirse en un problema de solvencia por la escasez de recursos propios y de ahí que se consideren insuficientes las ayudas desplegadas hasta hoy.
Uno de los motivos es que la liquidez sirve para crisis cortas, pero a largo plazo lo relevante es fortalecer el capital para acometer nuevos ciclos de inversión. Por ello, si las empresas se comen su capital, no tendrán capacidad para sobrevivir.
Uno de los instrumentos más utilizados en otros países para ayudar a las empresas han sido precisamente las exoneraciones fiscales, aunque en España se han usado más bien poco.
Sin embargo, esta vía tiene sus sombras. Y es que muchas de estas están en pérdidas y no se encuentran en condiciones de presentar beneficios, así que no deben pagar nada al fisco.
El Ejecutivo ha congelado la obligatoriedad de presentar concurso de acreedores en caso de insolvencia hasta el próximo 14 de marzo, pero, según el BCE, España es el país con mayor riesgo de quiebra de sus empresas de los cuatro más grandes.
Por su parte, el Banco de España ha estimado que un 15 por ciento de las empresas corren el riesgo de no tener solvencias, algo que podría alcanzar el 20 por ciento en los próximos meses.
Lo cierto es que la conversión de un problema de liquidez en uno de solvencia es ya un hecho viejo para la economía española. Para evitarlo, desde el Banco de España se propone cambiar el actual marco normativo de las insolvencias, que se considera obsoleto y no ayuda a resolver los problemas de las empresas con dificultades.
Financiación para las empresas
Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado medidas con las que se ha intentado ganar más tiempo como el real decreto-ley del pasado 17 de noviembre, que amplió el vencimiento de los avales públicos o potenció el acceso de las pymes a los mercados de financiación alternativos, pero con un claro sesgo hacia la gran empresa.
A mediados del año pasado, se creó el llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. Su objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia.
En ese decreto ya se planteó la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.
El problema es que este fondo no tiene un carácter general, sino que se destina a financiar empresas, generalmente grandes, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, bien por su impacto social y económico o por su relevancia para la seguridad, la salud o las infraestructuras. De hecho, solo se aplicará «cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad».
Con ello quedan excluidas las pymes no consideradas estratégicas, lo que supone dejar fuera a la inmensa mayoría del tejido productivo porque el importe mínimo de las operaciones son 25 millones de euros. Esta cantidad es muy superior a las necesidades de capital de muchísimas pequeñas empresas.
El plazo inicial de concesión de ayudas acaba el 30 de junio, y la tramitación se iniciará el próximo 1 de febrero.
En cuanto a los fondos europeos, el Ejecutivo ha depositado toda su confianza en ellos para relanzar la economía en este 2021. A pesar de ello, lo que preocupa ahora de forma inmediata ante el aumento de las restricciones a la movilidad no se dejará notar, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre de este año.
En las últimas previsiones realizadas por Economía, se estimó que esos fondos añadirían 2,6 puntos de crecimiento del PIB, pero entonces no se contaba con una tercera ola tan intensa ni tampoco con el deterioro de las economías europeas como Francia o Italia, dos de los socios comerciales fundamentales de España.
Según la presidenta del BCE, Christine Lagarde, los Estados miembros «no necesitarán terminar de manera abrupta su apoyo fiscal». Es más, ha señalado que «cualquier estrategia de retirada de estímulos se debe de llevar a cabo de manera gradual y una vez que la economía se haya recuperado».
De momento, el planeta, a consecuencia de la pandemia, ha metido en la economía alrededor de 12 billones de dólares, sin tener en cuenta lo que han inyectado los bancos centrales, lo que supone una abrupta caída como la que sucedió en 2020 y a continuación una recuperación intensa y muy desigual por países para dar paso de nuevo a un descenso brusco. Todo apunta a que la reactivación integral no llegará hasta 2023, algo similar a una doble recesión.
El motivo es que el comercio mundial de servicios, lejos de recuperarse, según la Organización Mundial de Comercio, OMC, apenas se reactiva.
En concreto, el comercio mundial de servicios se contrajo un 24 por ciento durante el tercer trimestre de 2020 respecto a un año antes. Esto representa apenas un ligero repunte con respecto al descenso interanual del 30 por ciento registrado en el segundo trimestre. Esto contrasta con la recuperación experimentada por el comercio de mercancías, que fue mucho más contundente.
Tampoco hay que olvidar que el comercio de servicios tiene cada vez mayor peso en las exportaciones de España.