Finalmente, y tras una larga espera, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sentenciado uno de los episodios más sonados dentro del panorama del narcotráfico en España. Y es que cabe recordar que, durante dos décadas y resultado del narcotráfico de Ramón Prado Burgallo, más conocido como Sito Miñanco, tras nueve años de procedimiento judicial, había ordenado confiscar la Audiencia Provincial de Pontevedra tras condenarle por un delito de blanqueo en el que también había participado su exmujer, su hija, su cuñada y un socio.
Ahora, tras el fallo de la sentencia, todos esos bienes serán decomisados y, por si fuera poco, si inmobiliaria San Saturnino, será inmediatamente clausurada.
La realidad es que en la última causa abierta contra Sito Miñanco y por la que se le ha procesado desde la Audiencia Nacional, ha sido por la empresa, San Saturnino, el foco central de las inversiones de esta «estructura delictiva» en la que está metido todo el clan familiar.
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Una inmobiliaria que desde sus inicios está administrada por Sito y que tiempo después llegó a manos de su primera esposa, Rosa Pouso. Este negocio era la principal vía de adquisición y arrendamiento de cualquier tipo de fincas y viviendas que se adquirían a una cantidad económica por debajo de la implantada por el mercado y con ingresos que se contradecían con los que entraban en A.
En estos días, ha sido la Audiencia Nacional la que finalmente ha estimado en más de 630.000 euros los fondos «producto de la venta de la droga» que recibió la empresa entre los años comprendidos entre 2016 y 2018 por medio de ingresos en efectivo y alquileres que «enmascaran» el origen verdadero de dichas ganancias.
Pese a ello, la inmobiliaria continuó funcionando de la misma manera, pero ahora la realidad es bien distinta, puesto que ahora, la orden de clausurarla definitivamente es firme.
Las operaciones llevadas a cabo en estos años son muchas, inversiones en 1988 que continuarían hasta el año 2000, todo tipo de inmuebles, no solo efectuados desde San Saturnino, sino que también utilizó para ello a la empresa Jolva, SL.
Las hipotecas del narco
Por su parte, en la sentencia también se ha reflejado que se solicitaron y cancelaron varias hipotecas, aunque, tal y como apunta la sentencia de Pontevedra, «la devolución del préstamo y los intereses se hizo con dinero procedente de la actividad de narcotráfico desarrollada por Prado Bugallo, no constando en la contabilidad de la empresa los importes correspondientes a las amortizaciones». Se aprecia así, una mecánica delictiva.
Igualmente, a esto se uniría una vivienda unifamiliar de más de 500 metros cuadrados, variadas fincas rústicas, plazas de garaje o incluso trasteros, entre otros.
«Varios de estos inmuebles fueron alquilados a terceras personas y el pago de los alquileres constituyó otra de las principales fuentes de ingresos de Inmobiliaria San Saturnino, que de esta forma obtenía un rendimiento de apariencia legal», expone la sentencia.
La exmujer y la primogénita ingresarán en prisión
Por otro lado, el magistrado ha descartado los motivos de recurso que alegaban Miñanco y el resto de condenados. Puesto que, en este sentido, la propia Justicia desperdició dos años para decidir quién era el órgano competente y nueve años en total, fueron los que tardaron en llevarlo a juicio. Finalmente, para Miñanco, el fallo dictamina tres años y nueve meses de presión, y una reducción en la multa económica que se correspondería en aportar una cantidad valorada en cinco millones de euros.
Su ex mujer Rosa Souto, irá a la cárcel por tres años y seis meses de prisión, al igual que la hija mayor de ambos, Rosa Prado Souto, también, tres años y tres meses de condena y una multa económica de cuatro millones de euros.
Por último, la ex cuñada, también había sido condenada, pero para sorpresa de muchos, has sido el Supremo el que la ha decidido absolver al dictaminar que era una mera figura que utilizaban para invertir en inmuebles y blanquear.