Las multas que se impusieron en España durante el primer estado de alarma, que propició semanas de confinamiento domiciliario, podrían ser anuladas próximamente. Este es el principal titular que se desprende de una información que publica este viernes, 11 de junio, el diario 'El País'. El rotativo asegura que el próximo 22 de junio, el pleno del Tribunal Constitucional va a debatir sobre la posible inconstitucionalidad de los derechos suspendidos durante el primer estado de alarma.
Si finalmente se aprueba esta tesis, es decir, se considera inconstitucional esta suspensión de derechos, decaerían automáticamente las multas impuestas en aquel periodo. En total, se trata de 1,1 millones de multas que quedarían sin efectos. Son muchas las personas, pues, que estarán pendientes de lo que decida el Tribunal Constitucional el 22 de junio.
Si se aprueba la propuesta de sentencia, decaerá más de 1 millón de multas
Según 'El País', el magistrado Pedro Trevijano, de tendencia conservadora, ha sido el encargado de redactar la ponencia de la sentencia. Se trata de una propuesta que se va a someter a debate el 22 de junio y que puede ser aprobada o rechazada por el pleno del Constitucional. Pero todo indica que va a salir adelante: los conservadores mantienen amplia mayoría en el Tribunal Constitucional (7 a 4) y, por lo tanto, la decisión se da casi por hecha.
El juez Trevijano considera que durante el primer estado de alarma no se limitaron los derechos fundamentales, sino que se suspendieron. Y mantiene que para ello, debería haberse aplicado el estado de excepción, que tiene que aprobar el Congreso, y no el de alarma. Es en base a este argumento que propone declarar inconstitucional el primer estado de alarma y hacer decaer las multas que dependen de esta situación legal.
La propuesta de sentencia es en respuesta a un recurso presentado por Vox contra la prohibición de la libre circulación de personas en el primer estado de alarma. El partido de Santiago Abascal defiendía por ello su insconstitucionalidad y la ponencia da la razón a su argumentario, que el 22 de junio puede ser referendado por el pleno. En cambio, la ponencia de Trevijano ve constitucionales el cierre de comercios y de centros educativos mediante el estado de alarma.
En definitiva, la propuesta de sentencia afirma que las medidas aplicadas en España eran las correctas, pero que no se ordenaron con la base jurídica pertinente. En este sentido, alega que debería haberse usado el instrumento jurídico del estado de excepción y no el del estado de alarma. Es por eso que propone declarar su inconstitucionalidad y anular las multas impuestas en aquel periodo, más de 1 millón.
Según la propia ponencia, no tan solo decaerían las sanciones administrativas, sino también las de carácter penal. Incluso hay que incluir las que están confirmadas por sentencia firme. Todas ellas quedarían canceladas de forma automática tras la aplicación de los efectos retroactivos de la sentencia.
Pero insistimos: este texto es ahora una ponencia, un proyecto de sentencia. Y aunque lo más probable es que se apruebe y adquiera vigencia en pocas semanas, hay que esperar aún al 22 de junio. Será entonces cuando el Tribunal Constitucional tome una decisión definitiva al respecto.
Multas de 601 a 30.000 euros que van a decaer
Durante el primer estado de alarma se produjeron en toda España más de 9.000 detenciones y se impusieron 1,1 millones de multas. Las sanciones se tramitaban en base a la Ley de Seguridad Ciudadana y preveían pagos de entre 601 y 30.000 euros, de los cuales muchos conciudadanos estaban pendientes. Ahora, tendrán que esperar hasta el 22 de junio para conocer la decisión definitiva.