Las encuestas publicadas hasta la fecha no parecen sonreír al PSOE respecto a sus expectativas electorales en la Comunidad de Madrid. Los estudios demoscópicos publicados hasta ahora dan una clara ventaja al PP de Isabel Díaz Ayuso, que podría aumentar con los últimos acontecimientos acaecidos y que perjudican a los socialistas. De un lado, la irrupción sorpresa de Pablo Iglesias como líder de Unidas Podemos; del otro, la apuesta por Ángel Gabilondo como candidato socialista, un nombre muy valioso desde el punto de vista intelectual pero, sin duda, sin la pegada como candidato que sí que tiene Pablo Iglesias, algo que podría producir cierto trasvase de votos desde las filas socialistas hacia Unidas Podemos.
Pero al PSOE se le pueden poner las cosas todavía peores de cara a las elecciones autonómicas en Madrid del próximo 4 de mayo. Los socialistas lideran el gobierno y ello siempre conlleva el desgaste de quien lidera la gestión gubernamental, y más aún en la situación de pandemia por la que pasa a día de hoy España; una situación sanitaria muy delicada que acarrea, además, consecuencias muy dolorosas en materia laboral, social y económica. Sin duda, pues, las decisiones que pueda tomar el ejecutivo en estos ámbitos, en la próxima semana, pueden representar un desgaste electoral para los socialistas en los comicios madrileños.
Marchena tiene la clave
Pero más allá de esta típica situación, hay una decisión que podria poner a Pedro Sánchez en muy mala posición ante las elecciones regionales en Madrid y ante la mayoría que necesita en el Congreso de los Diputados. La llave de la operación la tiene un juez: en concreto, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena. Suyo es el liderazgo, como jefe del tribunal sentenciador, del trámite de los informes preceptivos de las peticiones de indulto a los presos independentistas catalanes.
Marchena debe remitir un informe al Consejo de Ministros en que se posicione a favor o en contra de conceder dichos indultos, ya que es del Gobierno la decisión última sobre la cuestión. De hecho, los informes son preceptivos pero no vinculantes, es decir, aunque el Tribunal Supremo se oponga a su concesión, el ejecutivo podría concederlos, o viceversa. Lo cierto es que Marchena y si tribunal no pueden remitir el informe necesario al Gobierno hasta que, a su turno, no se hayan posicionado la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, que deben hacer llegar sus respectivos informes al tribunal sentenciador.
La Fiscalía ya hizo los deberes en diciembre, posicionándose en contra de los indultos a los líderes sociales y políticos del 'procés' independentista de Cataluña que intentó la secesión de la comunidad autónoma en octubre de 2017. Desde entonces, se está a la espera de la Abogacía del Estado. El posicionamiento que puede adquirir este órgano es políticamente clave: aunque jurídicamente no es vinculante, desde el plano político permitirá saber la inclinación que el Gobierno del Estado tiene sobre si conceder o no los indultos. En definitiva, los informes de la Abogacía centran toda la atención en esta fase del trámite.
En la tesitura actual, Sánchez presionará para que la Abogacía del Estado no se posicione hasta que no pase el 4 de mayo, pero Manuel Marchena podría hacer el movimiento clave que dejaría al presidente del Gobierno en una situación comprometida. Marchena puede urgir a la Abogacía a presentar su posicionamiento para no relentizar más el proceso: en los últimos tres meses, este órgano no se ha posicionado pudiendo hacerlo. De esta forma, si ejerce su presión, la Abogacía del Estado podría acabar emitiendo su informe en las próximas semanas, antes del 4 de mayo. Y se cuál sea el sentido de su opinión, dejaría tocado a Pedro Sánchez.
La posición de la Abogacía del Estado pone en peligro a Sánchez
Si la Abogacía del Estado apoyara la concesión de los indultos, se interpretaría en el sentido de que el Gobierno quiere concederlos. En plena campaña o precampaña electoral en Madrid, esto podría suponer un desgaste muy importante para los socialistas, que perderían al votante más centrista que podría captar Ángel Gabilondo. La inflamación del debate político acerca de los posibles indultos favorecería que Isabel Díaz Ayuso pudiera conseguir más apoyos y afianzar una victoria que parece clara: todas las encuestas la sitúan claramente en cabeza en la carrera electoral.
Pero si la Abogacía del Estado se mostrara contraria a la concesión de los indultos, las consecuencias las podría sufrir Pedro Sánchez de forma directa. La lectura sería clara: el Gobierno no está por indultar a los líderes del 'procés'. Ello trasladaría la tormenta política al Congreso y, probablemente, el ejecutivo perdería el apoyo fundamental de los 13 diputados de ERC, que facilitaron su investidura y la aprobación de sus primeros presupuestos. ERC ya ha avisado de que necesita gestos por parte del ejectutivo y un posicionamiento contrario de la Abogacía del Estado podría suponer el punto y final a la mayoría en el Congreso y hacer tambalear un Gobierno que tampoco podría apoyarse en C's, aprendida la lección contraproducente de Murcia y su posterior crisis. Sea como sea, las cosas se le ponen feas a Sánchez si Marchena juega sus cartas en los próximos días.