A finales de junio, Gobierno, sindicatos y empresarios llegaron a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo. La fecha límite es el 30 de septiembre, pero la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a alargar los ERTE más allá de esa fecha para algunos sectores concretos.
Calviño ha asegurado en una entrevista a Antena 3 que el Gobierno contempla la posibilidad de alargar los expedientes más allá de septiembre en algunos sectores o ámbito, y transformarlos en una herramienta a largo plazo siguiendo el modelo de Alemania.
Su propuesta pasa por quitar a los ERTE su carácter temporal y de reacción para transformarlo en un marco de fomento de la inversión en formación profesional, y que sea una oportunidad para recualificar a los trabajadores en vez de ser solo un salvavidas para mantener el empleo. Eso supondría dar un salto de calidad en este instrumento excepcional.
De hecho, ha anunciado que el Gobierno ya está trabajando en esta idea y que, en todo caso, las medidas que se vayan adoptando serán consensuadas con los agentes sociales, sindicatos y patronal, que ya están trabajando en esta y otras cuestiones.
De todos modos, Nadia Calviño ha defendido los ERTE como uno de los instrumentos más eficaces para evitar la destrucción masiva de empleo durante la pandemia. La ministra ha añadido que los datos de agosto son bastante satisfactorios y que, de hecho, hay síntomas de recuperación de dinamismo en el mercado laboral.
Pero también ha remarcado que se trata de un mecanismo útil para un primer momento de reacción, y que ahora se tiene que adaptar para apoyar la reactivación económica y la incorporación de los trabajadores al mercado laboral. En ese sentido, ha recordado que hay un 75% de trabajadores afectados por ERTE que ya se han reincorporado.
Alto coste fiscal
La ministra también se ha referido al retraso en el cobro de los ERTE y ha asegurado que el Gobierno está haciendo un esfuerzo para que todo el mundo que tenga derecho a la prestación pueda cobrarla a tiempo y evitando fraudes. En este sentido, ha explicado que ya se están haciendo inspecciones.
En su opinión, hay que evitar por todos los medios que algunos ERTE acaben en expedientes de regulación de empleo (ERTE) o en concursos de acreedores, que acaban causando un daño mucho mayor en la economía. También ha dicho que hay que ser conscientes del alto coste fiscal de estas medidas, que abrirán un agujero de 100.000 millones de deuda pública este año.