La crisis económica abierta con el Coronavirus lleva al Estado a buscar hasta el último recurso para apretar las tuercas a los contribuyentes. Además los nuevos impuestos previstas y la subida de algunos otros, el Gobierno estudia la posibilidad de poner en marcha peajes para autopistas y autovías que ahora son gratuitas.
Es una realidad que cada vez parece más cercana en España. El ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto esta semana la consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano.
La intención es presentarla hacia finales de año para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Uno de los puntos habla de la planificación y financiación de las infraestructuras de transporte. En concreto, indica que se planteará la necesidad de desarrollar un modelo de financiación para la conservación y el mantenimiento de infraestructuras.
Esto quiere decir la planificación para conseguir dinero para la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras del país. Y la principal vía que maneja el ministerio es el pago de autopistas y autovías.
El debate entre pagar o no pagar por el uso de las carreteras no es nuevo. Ya en 2019 se advirtió de la necesidad de encontrar vías de financiación para el mantenimiento de las carreteras debido al déficit en inversión para obra pública. La crisis de 2008 hizo que los diferentes ejecutivos metieran la tijera en las partidas de los presupuestos para infraestructuras.
La inversión pública en 2018 fue de 26.000 millones de euros, que representan un retroceso del 57% frente a 2009, el año con la mayor partida de la serie histórica: 56.900 millones. Por si fuera poco, la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado al Gobierno a desviar todos los recursos para las familias, las pymes y las empresas.
Ahora se esperan los 140.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea, pero el fondo anticrisis incluye un freno de seguridad que permitirá a los países nórdicos paralizar las ayudas a España si consideran que Sánchez no hace las reformas exigidas.
¿Qué dicen las concesionarias?
El Gobierno necesita aumentar los ingresos públicos y además cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sólo en infraestructuras, la inversión pública para que España alcance los objetivos asciende a 103.633 millones de euros en los próximos diez años, según cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
Para lograrlo, calculó que requeriría un esfuerzo inversor adicional en 2020-2030 equivalente al 8,3% del PIB, o sea, incrementar un 40% la inversión pública anual en el PIB del 2,12% al 2,95% para los próximos diez años.
Dado que las cuentas no salen con el nivel de inversión actuales para cumplir los objetivos, la asociación ha diseñado un escenario base con el cual mide los impactos que supondrían las tarifas en toda la red viaria de gran capacidad. En total, más de 14.130 kilómetros.
El presidente de la concesionarias, Julián Núñez, explica que su propuesta pasa por un modelo concesional de gestión y operación por parte del sector privado con un sistema de paso libre sin barreras y con un plazo de concesión de 25 años. Esto podría suponer hasta un pago inicial del sector privado al Estado de 104.000 millones (4.800 millones anuales).
También recordó el impacto fiscal que tendría esta actividad a través del IVA, el IBI y el Impuesto sobre Sociedades, ya que devengaría ingresos públicos por valor de 4.700 millones y un ahorro anual de 850 millones en conservación. El ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana aceptará propuestas de ciudadanos, organizaciones y asociaciones hasta el día 30 de octubre.