Pedro Sánchez en rueda de prensa en la Moncloa para declarar el estado de alarma, el 25 de octubre del 2020

Las medidas que el Gobierno sí mantiene más allá del estado de alarma

El Consejo de Ministros prorroga la suspensión de los desahucios y los cortes de agua y luz hasta el 9 de agosto

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga de las medidas sociales más allá del estado de alarma. A través de este nuevo decreto, el Gobierno mantiene tres meses más, hasta el 9 de agosto, la suspensión de los desahucios y de los cortes de agua y luz, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

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Pedro Sánchez ha descartado finalmente una prórroga del estado de alarma. Después de tantear varios sectores, ha llegado a la conclusión de que el país no resistirá más con las restricciones. Por eso lo fía todo a su plan de que sean las comunidades, de acuerdo con los tribunales, las que apliquen las restricciones que crean oportunas, pero ya sin el estado de alarma, que ampara las medidas más restrictivas. 

Y el primer paso para desarrollar este plan se ha dado precisamente hoy en el Consejo de Ministros, en el que se han definido los mecanismos para poder seguir tomando medidas sin el estado de alarma. Además, se ha aprobado un amplio decreto que establece las medidas que sí se prorrogarán y las medidas sanitarias para el control de pasajeros.

Según este decreto, que anunció Pedro Sánchez el 14 de abril y que hoy queda aprobado definitivamente, se prohíben los desahucios de familias vulnerables que viven de alquiler y se prorroga la posibilidad de una condonación en el pago. Se garantiza, además, el suministro de agua y luz. Se trata de medidas impulsadas por Unidas Podemos, que ha presionado para que se mantengan a pesar de la desaparición del estado de alarma. 

Estas medidas entraron en vigor en marzo del año pasado y se han ido prorrogando en varias ocasiones. Ahora iban a desaparecer el 9 de mayo con el estado de alarma, pero el Gobierno las alarga hasta el 9 de agosto. Unidas Podemos tiene intención además de pedir su prórroga, al menos, hasta el 31 de diciembre.

En el marco de las medidas que funcionarán al menos hasta el 9 de agosto se incluye la cobertura reforzada a las mujeres víctimas de la violencia de género. Este es también un compromiso del Gobierno, dado que a partir del estado de alarma del 14 de marzo de 2020 las víctimas quedaron encerradas en sus casas a merced de su agresor. Entiende, pues, que la pandemia y sus consecuencias sociales obligan a mantener la vigilancia sobre estas situaciones de forma especial, más allá del estado de alarma.

Nuevo mecanismo para las restricciones sin el estado de alarma

El decreto incluye también medidas de carácter sanitario, como facilitar que personal sanitario jubilado pueda prestar sus servicios durante la pandemia. Se pretende así reforzar el sistema sanitario público en una situación de excepcionalidad. En concreto, el decreto ampara la posibilidad de cobrar una pensión de jubilación y seguir ejerciendo la medicina para el caso concreto de la gestión del coronavirus.  Además, el decreto recoge una medida polémica como es la suspensión de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. 

Pero el Consejo de Ministros de hoy ha servido también para despejar el camino de las restricciones a partir del domingo. La desaparición del estado de alarma abría un período de incertidumbre para las comunidades autónomas, a la hora de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma legal para que las comunidades puedan pedir amparo al Tribunal Supremo.

Hasta ahora, cuando no había estado de alarma, las comunidades no podían aplicar las medidas más restrictivas sin la aprobación del Tribunal Superior de Justicia. Esto llevó a algunas comunidades como el País Vasco a no poder desplegar algunas restricciones. Para facilitar la situación a partir del domingo, las administraciones autonómicas tendrán una segunda oportunidad, y el Tribunal Superior de turno tumba la medida, podrán llevarla al Tribunal Supremo. Esto supondrá, además, crear un precedente para el resto de España.

Según la vicepresidenta Carmen Calvo, «este decreto incorpora instrumentos que dan respuesta a situaciones que se pueden presentar, y permite seguir tomando muchas decisiones de protección».