Uno de los puntos del Programa del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’. Aprobada en 2015, esta fue una de las leyes más polémicas del gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Te resumimos las claves de su contenido.
La aprobación de una ley polémica
A la ley orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana se la llamó ‘Ley Mordaza’ por sus opositores porque la mordaza representa el símbolo de lo que consideran un atentado contra los derechos más básicos de la libertad de expresión.
La ley fue aprobada en sede parlamentaria en marzo de 2015 con los votos del PP y UPN, aunque luego fue recurrida por inconstitucionalidad por los partidos de la oposición. La normativa, que también fue denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, implicaba la reforma del Código Penal y algunos puntos muy polémicos.
Qué es y qué dice la ‘Ley Mordaza’
En su preámbulo la ley justifica la superación de la normativa de 1992 por los cambios sociales operados en el país y las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana. Hay que tener en cuenta que la Ley se aprueba en el contexto del 15-M y en un período de fuerte conflictividad social por los efectos de la crisis económica.
Acciones que sanciona la nueva ley
Se endurece el código penal para la acción de intentar parar un desahucio. Ante la crisis del habitaje que vivía España a raíz de la crisis financiera, las movilizaciones ciudadanas para evitar los desahucios motivan esta modificación: impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones está penado con sanciones entre los 601 y los 30.000 euros.
Otra de las acciones con duras sanciones económicas es la celebración de manifestaciones no autorizadas alrededor de los edificios del Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. La multa, de 601 a 30.000 euros, recae sobre los organizadores, aunque no sobre los participantes.
También se castiga duramente el acto de fotografiar o grabar a un agente de la autoridad. Con una sanción económica idéntica a las anteriores, se prohíbe la divulgación de esas fotografías y de información que pueda poner en riesgo la integridad de los agentes.
La cuarta de las acciones más polémicas que contempla la ley es la de escalar edificios o monumentos sin autorización. Con ello se intentan evitar acciones de organizaciones como Greenpeace. La multa va de 100 a 600 euros.
Las manifestaciones no comunicadas, la fabricación o almacenamiento de explosivos, celebrar espectáculos prohibidos por la autoridad y proyectar luz sobre pilotos y conductores para provocar accidentes se consideran infracciones graves y están sancionadas con multas de 30.001 euros a 600.000.
Se incluye la prisión permanente revisable
Este es un punto que generó mucha polémica. Junto con la Ley de Seguridad Ciudadana se aprobó la modificación del código penal para introducir la pena permanente revisable, una especie de cadena perpetua en la que, después de algunos años, la autoridad judicial puede revisar la condena atendiendo a los principios de rehabilitación.
Aunque la ley se aprobó para casos muy específicos, como crímenes de lesa humanidad, asesinato del jefe del Estado y atentados terroristas, las organizaciones de derechos humanos cuestionaron la ética de esta ley atendiendo a razones humanitarias.
La ley antiyihadista
Finalmente se introdujo también en el paquete la Ley Antiyihadista ante la emergencia de seguridad nacional en toda Europa a raíz de varios atentados terroristas. El Pacto Antiyihadista fraguado por PP y PSOE contempla medidas extraordinarias como la reforma del Código Penal para endurecer las penas y una interpretación más laxa de los procedimientos policiales.
Lo que se presentó como un Pacto de Estado tuvo, sin embargo, la oposición de Izquierda Unida, Podemos y partidos nacionalistas, que denunciaban la utilización del terrorismo como excusa para promover un recorte de las libertades.
Ejemplos de la ‘Ley Mordaza’ tras años en vigor
Varios años después de su aplicación y a las puertas de su supuesta derogación, repasamos las denuncias más estrambóticas provocadas por esta polémica ley.
Multas astronómicas por faltas de respeto
Amnistía Internacional y Plataforma por la Libertad de Información son algunas de las entidades que denunciaron desde el primer momento el recorte de libertades y derechos que generaba esta ley, pero sobre todo su arbitrariedad. Sólo en el año 2016 se impusieron 19.497 multas por algo tan subjetivo como ‘faltas de respeto y desconsideración’.
Un célebre caso sucedió en Málaga, donde un joven fue multado por referirse a un Guardia Civil como ‘colega’ en un control de alcoholemia.
600 euros por un ‘Me gusta’ en Facebook
Hay casos sorprendentes como el de la mujer que fue multada con 600 euros por agentes de policía por pasear por la calle con una camiseta que ponía ACAB (no se dieron cuenta de que en letra pequeña ponía All Cats Are Beautiful, o sea, todos los gatos son bonitos).
O el caso de un vecino de Santiago de Compostela que colgó en internet el video de un policía corriendo por la calle en bajo estado de forma, imágenes que se hicieron virales y que suscitaron todo tipo de comentarios y likes. Pues bien, meses después muchos de los que dieron ‘Me gusta’ o comentaron recibieron su correspondiente sanción.
Duras sanciones para los animalistas
Uno de los casos más sonados por la carga de las penas fue la de los 35 activistas antitaurinos sancionados con 6.000 euros por tratar de impedir el festejo del toro embolado en Olocau del Rey, Castellón. La subdelegación del Gobierno justificó la medida por haber puesto en peligro la seguridad de un acto público.
601 euros a una periodista
Muchas organizaciones han puesto el foco en el recorte de derechos a los periodistas, como lo refleja el caso de Mercè Alcocer, trabajadora de Catalunya Radio que se saltó el cordón policial para conseguir unas declaraciones del matrimonio Pujol-Ferrusola. Le impusieron una sanción de 601 euros por desobediencia a los agentes de la autoridad.