Dos empresas han sido acusadas por la fiscalía de Barcelona por diversas «irregularidades» durante la gestión, transporte y eliminación de los residuos sanitarios generados por el coronavirus. Las considera culpables de dos delitos contra el medio ambiente y la salud publica. Piden al juzgado en funciones de guardia de Manresa, localidad donde se habrían producido los hechos, que abra un procedimiento contra los acusados para incumplir las medidas de seguridad que fija la normativa.
Entre las prácticas que recoge está denuncia es que mucho de los residuos se depositan en el vertedero de Manresa sin desinfectar. Además, indican que muchas de las bolsas donde se guardan los residuos se rompen dentro de los camiones, de forma que se derraman líquidos infecciosos durante el trayecto. Esta investigación llega dentro de una operación llamada Retrovirus, que ha sido coordinada por el Europol.
Una de las empresas investigadas es el Consorcio del Bages para la Gestión de los Residuos que gestiona el vertedero de Manresa. La otra es una entidad formada por un grupo de empresas de servicios que se encargaba de gestionar y transportar los residuos sanitarios provenientes de diferentes clínicas de Manresa. Según el escrito de fiscalía, la empresa transportista habría depositado al vertedero más de 78 toneladas de residuos procedentes de diferentes centros hospitalarios.
Varias inspecciones durante la primera ola
Fueron agentes del Seprona, quienes en el marco de esta operación policial, quienes llevaron a cabo dos inspecciones el 30 de abril y el 2 de mayo de 2020. Detectaron varias irregularidades en el traslado y destino de los residuos sanitarios: los vehículos no indicaban el riesgo asociado a la carga, los residuos no estaban correctamente embalados y los residuos se depositaban al vertedero sin desinfectar.
Además, añaden en el atestado, las bolsas llenas de residuos se compactaban dentro del mismo camión, un hecho que generó que muchas de ellas se rompieran y, por lo tanto, existía el peligro que se derramaran líquidos infecciosos durante el trayecto. Según la fiscalía, esto suponía un alto riesgo sanitario, tanto para los propios operarios encargados del transporte y gestión, como para la salud pública en general.
Jeringuillas, EPIs o respiradores
El texto de acusación también pone de manifiesto, a través de imágenes, como las bolsas se depositaban en el vertedero sin ningún tratamiento. Dentro había equipos de protección individual, jeringuillas, lotes de medicación, viales con restos presuntamente de sangre, envases con soluciones acuosas, goteros y respiraderos para ventilación mecánica. Desde el ministerio público aseguran que estos residuos sanitarios quedaron «expuestos sin ningún tipo de control aparente, generando un alto riesgo para la salud pública y de dispersión al medio ambiente de sustancias infecciosas».
Según la documentación facilitada, los centros sanitarios depositan los residuos de covid en bolsas de color amarillo, cerradas con bridas por el servicio de enfermería y retiradas a las zonas habilitadas por los servicios de limpieza del centro para evitar el contacto con otro tipo de residuos. Estas bolsas, añade la fiscalía, fueron las que encontró el grupo policial en las inspecciones llevadas a cabo en el marco de esta operación.
Para la fiscalía, los hechos descritos son constitutivos de un delito contra el medio ambiente y, por eso, se querella contra las dos empresas y tres de sus responsables. Según asegura en el atestado, el transporte y la gestión de los residuos sanitarios asociados a la Covid-19 llevada a cabo en las condiciones descritas «supone un grave riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente». Por el ministerio fiscal, los máximos responsables de las dos empresas «han consentido el transporte y deposición con un incumplimiento flagrante de la normativa sanitaria, asumiendo de manera consciente las consecuencias derivadas del riesgo generado».