La jueza de instrucción Carmen Rodríguez-Medel, encargada de la investigación sobre las supuestas responsabilidades penales por la autorización de las marchas feministas del 8-M, acaba de rechazar la imputación del director de emergencias sanitarias, Fernando Simón, como había pedido la acusación en las últimas horas.
De momento, pues, el único imputado sigue siendo el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que la jueza investiga por los delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional. La asociación contra la gestión del coronavirus, como acusación particular, pidió que también se imputara a Fernando Simón por desobediencia y denegación de auxilio tras el informe presentado por la Guardia Civil.
Sin embargo, la jueza de instrucción no ve indicios suficientes y rechaza abrir diligencias contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que en las últimas horas se había visto en el centro de la diana y ahora puede respirar más tranquilo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid también ha rechazado la petición de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, personada como acusación particular, de abrir diligencias también contra el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno por delitos contra la vida, la integridad física y el ejercicio de derechos y libertades.
La magistrada concluye en una resolución presentada esta misma mañana que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos denunciados. En cuanto a Fernando Simón, la jueza justifica que la investigación no se dirige contra esa persona, aunque al menos dos juzgados tienen asuntos ya registrados en trámite contra el doctor.
Estos asuntos se refieren a los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia, por lo que la jueza de instrucción indica a la asociación denunciante que presente la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales, y no ante éste.
Según Rodríguez-Medel, «los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 por el delegado del Gobierno en Madrid», y especifica los hechos concretos que se investigan: las concentraciones y manifestaciones que fueron comunicadas a José Manuel Franco con anterioridad a la aprobación del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020.