Sanitarios con equipos de protección trasladando a un paciente

Un juez obliga a ingresar a un español de 94 años con covid, ya que él se negaba

No es la primera vez que un tribunal tiene que tomar esta medida

Sanitarios con equipos de protección trasladando a un paciente
El hombre fue al centro hospitalario con problemas respiratorios y dio positivo | iStock

Puede sorprender, pero continúa habiendo a estas alturas personas que no comprenden el peligro que significa para los demás y para uno mismo estar contagiado del coronavirus. Normalmente este tipo de comportamientos se suele asociar a personas jóvenes o por lo menos no de edad tan avanzada como el caso que ha tenido lugar en Asturias.

Y es que un juzgado confirmaba este jueves que un anciano de 94 años que había dado positivo de COVID-19 tendrá que continuar ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El hombre llevaba desde ayer en el centro hospitalario pese a su negativa a permanecer en él mismo. 

Había acudido ayer al servicio de urgencias para recibir atención una disnea, una sensación de ahogo que le daba problemas para respirar. Ante esta sintomatología y al ser una persona de evidente riesgo, fue sometido a una prueba que acabó confirmando que estaba contagiado.  Su situación de dependencia y la falta de apoyo familiar llevó al HUCA a decretar que permaneciera ingresado, con el aval de la fiscalía y a la espera del pronunciamiento judicial.

El plazo para tomar una decisión por parte del tribunal era de 72 horas pero no hecho falta esperar tanto. La jueza sustituta del Juzgado Contencioso- Administrativo número 1 de Oviedo ha dado su aprobación en un auto con fecha de este jueves 19 de noviembre. Ha especificado en su escrito que es una medida «necesaria y proporcionada» que evitará que otros ciudadanos se vean expuestos al contagio. 

La magistrada considera que con esta decisión se equilibra la balanza entre la salud pública y el sacrificio que supondrá para el afectado. Asegura que su actual situación de dependencia hace imposible que pueda cumplir una cuarentena en su domicilio, ya que no cuenta con ayuda de terceras personas, especialmente de parte de un entorno familiar.  

No le obliga a recibir un tratamiento concreto

Pese a todo, la jueza no ha dado su autorización para que el anciano reciba el tratamiento intravenoso forzoso que pedían los médicos. Considera que no hay un informe médico que demuestra que tenga alguna merma importante de su capacidad cognitiva. 

Para la magistrada en este aspecto debe prevalecer la voluntad del paciente. Explica en el auto que su edad avanzada no es ningún impedimento para «decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud». Basa su decisión para dar en lo recogido en la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente sobre el consentimiento libre y voluntario, además de lo publicado en la Ley de Salud del Principado de Asturias.

Curiosamente, la decisión de la jueza choca con la solicitud que presentaba ayer la Fiscalía del Principado de Asturias. En su informe al tribunal citado sí se mostraba favorable a llevar a cabo este tratamiento contra la voluntad del hombre además de pedir su hospitalización. 

Ha habido casos similares a lo largo de la pandemia

Pero este no ha sido un caso único en España en los meses que llevamos de pandemia. Ya a principios de abril un juzgado de instrucción de Murcia autorizaba el ingreso de un enfermo diagnosticado de covid que se negaba a ello. Los magistrados no tenían problemas en ratificar la petición de los sanitarios calificando la actitud del individuo como un problema de salud pública. 

Pocos días después ocurría un caso similar en la provincia de Palencia. Allí el juez de instrucción nº 1 decidía mantener ingresado a un paciente en el Hospital Río Carrión tras pedir el alta voluntaria. Fue el propio centro el que llamó al tribunal después que el paciente pidiera esta alta voluntaria inmediata justo después de dar positivo. El magistrado basó su auto en el hecho que la Ley de Salud Pública dicta que las autoridades sanitarias podrán adoptar medidas cuando haya «peligro para la salud de la población».