Pablo Iglesias podría tener los días contados en el Gobierno tras conocerse que la orden europea de investigación emitida por el Reino Unido dará luz verde al juez del «caso Villarejo» para investigar los posibles delitos del vicepresidente segundo mientras mantuvo en su poder la tarjeta que había sido robada a su exasistente Dina Bousselham.
En concreto, el juez ve dos posibles delitos de apoderamiento de datos reservados de carácter personal y daños sobre dispositivos informáticos, algo que podrá esclarecer gracias a la resolución de la orden internacional de investigación remitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 a Londres.
A través de ella se espera conocer el estado en que la empresa Recuperación Express recibió la tarjeta remitida en fecha del 29 de septiembre de 2017 por Ricardo Sa Ferreira, esposo de Bousselham. Esto permitirá avanzar en el esclarecimiento de posibles delitos de daños sobre dispositivos informáticos y apoderamiento de datos personales.
A estos efectos, el juez instructor ha pedido a las autoridades británicas la identificación de la persona que recibió la tarjeta, así como del técnico u operario que la examinó y llevó a cabo actuaciones sobre la misma, y del representante legal de la citada empresa.
Según el auto, ambos tendrán que comparecer en calidad de testigos para explicar las pautas de actuación que, con carácter general, se siguen cuando se recibe una tarjeta, qué protocolo siguen para la obtención de información y qué afectación puede tener sobre la tarjeta.
Ocultación de la tarjeta
El juez instructor cree que la omisión de Pablo Iglesias Turrión tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer, y que «su pasividad resulta incoherente con las manifestaciones» que dio en sede judicial. Por eso ha reiterado este miércoles su decisión de retirar la condición de «perjudicado» al vicepresidente segundo.
El magistrado hace hincapié en que Iglesias tuvo la tarjeta de Dina Bousselham en su poder antes de que se crearan los archivos hallados en poder del comisario José Manuel Villarejo, y según afirma, esto debilita la versión de Pablo Iglesias sobre el vínculo entre Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham.
Así, los nuevos datos recopilados amplían considerablemente el círculo de personas que podrían haber facilitado al medio de comunicación las imágenes publicadas. Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno no devolvió la tarjeta a Dina Bousselham, ocultándole que la poseía, y no lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016 ni después, en julio del mismo año, tras la publicación de las imágenes en OK Diario.
Por otro lado, la Policía Científica analiza desde hace una semana el modo en el que fue destruida la memoria SD, y esta investigación será clave para determinar si la inutilizó de forma deliberada, como declaró el 18 de mayo la propia Bousselham, o por el contrario sufrió un deterioro compatible con el paso del tiempo.