La fundación panameña creada por el rey Juan Carlos que recibió 64,8 millones de euros de Arabia Saudí sigue dando que hablar. Al parecer, el rey emérito cuidó hasta el último detalle en la creación de Lucum Foundation, e incluyó una cláusula para evitar una guerra en el Palacio de la Zarzuela por el control de los fondos.
Los estatutos de la entidad firmados por el rey Juan Carlos en 2011 especifican que cualquier beneficiario que se opusiera al reglamento interno, reclamara más dinero o intentar que otro sujeto de los activos no recibiera su asignación, sería automáticamente expulsado y perdería la opción de disfrutar del futuro de sus bienes.
Esta cláusula quería evitar un posible movimiento del entonces príncipe Felipe, sus hermanas Elena y Cristina, e incluso sus hijas Leonor y Sofía, para intentar quedarse la fortuna que supuestamente donó el rey Abdulá a Juan Carlos en 2008.
El rey Juan Carlos era el único beneficiario de los activos. Pero los estatutos establecen que en caso de muerte los derechos pasan al rey Felipe VI, y en el caso de fallecer este pasan al heredero del trono. Y otros miembros de la familia real aparecen también en el documento.
Según los estatutos, en el momento en que Felipe se hiciera cargo de la fundación estaría obligado al mantenimiento de todos los miembros de la familia real española. En concreto, cita a la Reina Sofía, la infanta Elena y sus hijos nacidos o por nacer, y la infanta Cristina y sus hijos nacidos o por nacer.
Por lo tanto, a la práctica la familia real al completo figura como destinataria del dinero que Lucum Foundation recibía de Arabia Saudí en la cuenta 505523 del banco Mirabaud de Ginebra. El acta está redactada expresamente para evitar confusiones.
Para evitar interpretaciones interesadas, el rey contrató como asesores al experto en gestión de fondos opacos, Arturo Fasana, y al abogado Dante Canonica. Para minimizar aún más el riesgo de que algún miembros de la familia reclamara más dinero de Lucum Foundation, o intentara arrebatárselo a Juan Carlos, se incluye una cláusula especial.
Bajo investigación
El documento fue redactado en marzo de 2011 y establecía que el dinero era para toda la familia. En aquel momento la infanta Elena ya se había separado de Jaime de Marichalar pero seguía formando parte de la Casa Real, lo mismo que su hermana Cristina e Iñaki Urdangarin. Felipe ya se había casado con Letizia, y habían nacido Sofía y Leonor.
Las relaciones entre los distintos miembros de la familia real eran tensas y Juan Carlos quiso asegurarse de que nadie se saltara las normas. Por eso estableció que si un beneficiario se opone a la ejecución del acuerdo o pretender obtener una parte más grande o impedir que otro beneficiario reciba su parte, perderá todo derecho a su parte y será excluido de la fundación.
La Fiscalía de Ginebra investiga desde 2018 esas operaciones en su territorio ante la sospecha de que podrían constituir un delito de blanqueo de capitales. También tiene en su punto de mira el ingreso de 64,8 millones de euros de Arabia Saudí realizado en 2008.
Los investigadores sospechan que los 64,8 millones del rey Abdulá podrían tener relación con el proyecto del AVE a la Meca. Otras partes cercanas al caso rechazan esta vinculación y atribuyen el pago por las gestiones del rey emérito en lavar la imagen de su país, una de las peores dictaduras del mundo. En 2007 Juan carlos impuso al rey Abdulá la insignia del toisón de oro.