En medio del empeoramiento diario de las previsiones económicas para España y el fracaso para llegar a un consenso en la comisión para la reconstrucción, Pedro Sánchez acaba de recibir un balón de oxígeno. El presidente del Gobierno ha recibido una carta con una oferta difícil de rechazar para crear cientos de miles de puestos de trabajo.
Justo en el peor momento para la economía en España, la asociación de concesionarias de España ha dirigido una carta al presidente para ofrecer la inversión de 300.000 millones de euros en ocho servicios básicos en los próximos 15 años.
La condición que pone la asociación de las principales empresas concesionarias de España es que el Estado adjudique concesiones con más seguridad jurídica y rentabilidad negociable que hasta ahora. El sector propone a cambio un Plan de Inversiones en concesiones para ayudar a la reconstrucción de la economía español.
Según el texto, el plan «puede y debe ser ejecutado de forma urgente sin comprometer las finanzas públicas ni los principios de estabilidad presupuestaria». La carta viene firmada por el presidente de la Cámara de concesionarios de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, Francesc Sibina.
La asociación incluye grandes empresas como Abertis, Añsa, Cellnex, Agbar y Saba. El plan contempla una gigantesca inversión en carreteras, telecomunicaciones, aparcamientos o distribución de agua, y pide que se haga sin aumentar el déficit público ni el endeudamiento de las administraciones públicas españolas en los próximos años.
Para lograrlo, advierte, solo cabe un modelo eficiente de colaboración público privada que se apoye en el pago por uso de las infraestructuras y servicios por los usuarios. El instrumento central, dice la carta, tiene que ser la concesión. También reclama crear un marco jurídico adecuado para los operadores y sus financiadores.
El compromiso de las empresas es firme y ofrecen una inversión privada de 301.839 millones de euros y la creación de 4,5 millones de puestos de trabajo, aproximadamente. En términos anuales, el Plan supone una aportación de 59.587 millones de euros al año y la creación de más de 400.000 empleos al año.
La carta también especifica que con esta oferta, el Estado se ahorraría anualmente más de 12.000 millones de euros en varios ámbitos que supondrían un cambio cualitativo en la economía española.
Ámbitos de actuación
La propuesta de las concesionarias incluye la construcción de viviendas de alquiler regulado que va mucho más allá del plan aprobado por el último Consejo de Ministros. Propone que se ceda suelo público a promotores para construir un millón de viviendas con una inversión superior a 110.000 millones y la creación de dos millones de empleos a lo largo de 15 años.
El déficit de inversión en la red viaria de alta capacidad en España se estima en 7.000 millones más los 32.000 de los más de 3.600 kilómetros pendientes de construcción. La tecnología 5G permitirá mejorar la productividad en el transporte, pero hay que implantarla en toda la red, con una inversión estimada de 2.795 millones en un periodo de seis años.
En el informe se incluye también una inversión de más de 70.000 millones para mejorar el ciclo de agua, que consideran financiable con un aumento de tarifas en las concesiones. También calculan una inversión de 2.513 millones en logística y transformación de aparcamientos para que sean más útiles, con áreas de recarga para coches eléctricos y entrega de mercancías.
El plan contempla la ampliación de 80.000 nuevas plazas en residencias asistenciales, lo que supone una inversión de 15.084 millones en 13 años. El plan en transición energética va más lejos y prevé una inversión de 40.000 millones para rehabilitar edificios residenciales e instalar placas fotovoltaicas en complejos municipales o puntos de recarga en carreteras o núcleos urbanos. Prevén la construcción de nuevos vertederos por 9.730 millones.