Como muchos otros ciudadanos, José Antonio G.L, fallecía a causa del Covid-19, sin embargo, no lo hacía sin antes no emprender acciones legales contra los responsables de gestionar la crisis sanitaria.
José Antonio interponía la querella 24 horas antes de fallecer y lo hacía plenamente consciente de su desenlace final, ya que dejaba a su viuda y a sus dos hijas la oportunidad de que continuasen con las acciones judiciales.
Hace tan solo un mes, la vida de este hombre cambiaba por completo tras caer enfermo por Covid-19. El pasado 13 de marzo, el susodicho se sometía a una prueba médica en el Hospital SSR Hestia e inmediatamente ingresaba en dicho hospital.
Tras llevar muchas noches enfermo, el pasado 15 de abril José Antonio decidía pedir el alta voluntaria para morir en casa. Eso sí, en sus últimos días de vida contactaba con su abogado, Javier Díaz Aparicio, con el fin de que redactase una querella antes de que ocurriese el fatal desenlace.
Sin embargo, el denunciante no llegó a firmar ante notario, ya que ninguno quería ir a su casa a que le firmaran el poder por medio a contraer el Covid-19. Previendo que esto podía suceder, José Antonio hizo que su mujer encabezara la querella y que sus hijos continuasen con la lucha judicial.
El escrito se ha presentado ya en los Juzgados de Instrucción de Madrid y se dirige contra la empresa encargada de la compra de los test defectuosos para detectar la enfermedad. En la denuncia, el susodicho cargaba contra Fernando Simón, director de Coordinación de Emergencias Sanitarias, María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento y a Interpharma, la empresa intermediaria en la compra de test, entre otros.
José Antonio denuncia a todos ellos por un posible delito contra salud pública y no duda en apostar datos sobre la adquisición de medicamentos, su normativa, etc. «Que los test no se hicieran a tiempo y algunos arrojaran resultados erróneos[...]supuso, si no un menoscabo de la integridad física y la salud individual, sí un riesgo para la seguridad colectiva, puesto que no se redujo la transmisión del virus, sino que aumentó», recoge la querella.
En la demanda también se habla sobre el supuesto delito contra la salud pública: «Es un delito de peligro abstracto, no necesita que haya una víctima concreta. Se consuma con la generación del riesgo a la salud. No es necesario relacionar el uso de esos test con ninguna muerte de un paciente. Lo que se lleva al juzgado es la credibilidad del sistema sanitario y a los que arriesgan la salud de todos. Por hacer un paralelismo, es como con la droga: no es necesario que el traficante las haya vendido o que alguno de sus compradores haya fallecido de sobredosis para que se haya consumado el delito contra la salud pública. Basta con que la tenga a su disposición el traficante».
En sus últimos días de vida, José Antonio ha insistido en denunciar todas las negligencias, «por él y por todos los muertos de la pandemia, para que no se olvide».