La pandemia ha ocasionado que se tomen decisiones excepcionales en tiempos en los que todo cae panza arriba, la mayoría de decisiones que se han premeditado tiene consecuencias de carácter económico, más aún si se encuentran dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno. Una de las medidas que afecta directamente a la ciudadanía es la subida de la bonificación y del estrato que podrá acceder al Ingreso Mínimo Vital, que en aras del bien común incluirá a las familias con hijos en riesgo de exclusión.
«En el corto plazo se mejorarán los umbrales de renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital para los hogares con menores a cargo» narra el documento vinculado a las políticas de inclusión. El Gobierno pretende que a través de esta medida se reduzcan los polos existentes en los baremos de pobreza infantil. Para que este proceso se lleve a cabo el IMV llegará a más hogares para alzar los umbrales máximos de renta.
Gracias a esta decisión la cuantía percibida por los beneficiarios también aumentará, lo que permitirá ayudar de primera mano complementar los gastos de los hogares y unidades familiares que son más vulnerables. El límite actual está situado en los 751,89€ al mes, pero aumentando la cuantía no solo se dispondría esta prestación a un mayor número de hogares, sino que también permitiría un mayor poder adquisitivo a estas familias.
Las cifras y la mejora de los umbrales
A pesar de que desde la delegación de Gobierno se han filtrado las cuantías sobre las que se pretende situar a esta bonificación, si está claro que su incremento es una decisión que beneficia a todas las partes. Según informan algunas fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la medida se está estudiando por diferentes miembros del consejo y que ya se plantean diferentes supuestos para dar respuesta a las mejoras.
La bonificación implica una inversión de 3.000 millones de euros anuales y se calcula que beneficia a 850.000 hogares. A pesar de que esas son las cifras generales por el momento solamente se ha distribuido a 210.000 y el número de formularios rechazados es de 7 de cada 10. No se trata de la única reforma que desde el Ministerio se plantean para los que reciben el IMV.
Otra de las bonificaciones que se pretende implementar para aquellas personas que se encuentran en riesgo es la deducción de tasas fiscales por menores a cargo. Esta medida iría en consonancia con la decisión de Bruselas en base a la Ley de Protección de Familias. Desde el Gobierno central se apuesta porque el IMV sirva como modelo para desarrollar un nuevo tipo de prestaciones no contributivas para el Estado. Según avanza en 2022 promete una «visión integral para mejorar los niveles de cobertura y ejecución».
Mercado laboral e incorporación
Es otro de los desafíos que plantea el Gobierno, uno de ellos que considera incrementar el peso del mercado laboral a través de una serie de proyectos piloto. Estos verán la luz entre 2022 y 2023, además cuentan con la financiación de 298 millones de euros procedentes de fondos europeos. Además se prevé la firma de ocho convenios bilaterales que permitirán la inclusión social de diferentes oportunidades y elementos de la estructura productiva laboral.
A principio de 2024 también se publicará una evaluación sobre la cobertura, efectividad y éxito del IMV. No solamente con los datos reportados sino con recomendaciones para su mejora. Desde el equipo de Gobierno se asegura que este tipo de fondos serán gestionados a través de convenios con las comunidades autónomas, entidades locales o de Acción Social.