Agente de la Guardia Civil

Parece imposible: La persona que puso a la Guardia Civil tras la pista de Fernando Simón y Pedro Sánchez

La policía empezó a sospechar que la Delegación del Gobierno quería evitar nuevas concentraciones tras el 8 de marzo

El escándalo que estos días está enfrentando al departamento de Interior y a la Guardia Civil  tiene su origen en las investigaciones ordenadas por la juez de instrucción  del Juzgado 51 de Plaza Castilla. El informe de las autoridades policiales revela ahora que hubo un punto de inflexión que puso a la Guardia Civil tras la pista de las irregularidades del 8-M.

Se trata del portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, Pedro Gallego, uno de los testigos interrogados por la policía que llevó de forma inconsciente a los investigadores al hilo de los hechos que ahora son motivo de controversia.

La mencionada plataforma de pensionistas tenía convocada una manifestación el domingo 15 de marzo y una concentración el 16. Según los investigadores, el día 12 el testigo recibe una  llamada telefónica  de una mujer que se identifica como empleada de la  Delegación del Gobierno y que le insta a desconvocar las concentraciones por la grave situación sanitaria.

Pero el detalle que llama la atención a los investigadores es que el señor Gallego «tuvo la percepción de que la mujer estaba preocupada, como si alguien la estuviera obligando a realizar las llamadas con la finalidad de convencer a los convocantes de las concentraciones de que fueran ellos quienes desconvocaran».

La intención de investigar sobre posibles  responsabilidades penales  en la autorización de las marchas del Día de la Mujer, el 8 de marzo, se produjo cuando agentes de la Guardia Civil empezaron a interrogar a los promotores de las concentraciones convocadas en Madrid durante los días anteriores e inmediatamente posteriores.

El testigo se muestra sorprendido

Descubrieron que 35 de ellas habían sido desconvocadas, 26 por la emergencia sanitaria, y que había llamadas telefónicas de la Delegación del Gobierno a los convocantes con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas. «Si no tenían intención de hacerlo, les instaban a ello con expresiones imperativas», dice el informe.

Lo que hace sospechar a la policía es que  no existe ningún registro de llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, algo que según ellos responde a la voluntad de que los convocantes las disolvieran sin que pareciera que la delegación estaba tratando de que no hubiesen más manifestaciones después de no haber prohibido la del 8-M, con 120.000 personas en el centro de Madrid.

La versión del portavoz de la plataforma de jubilados es algo diferente, porque asegura que desconvocaron la concentración voluntariamente la tarde antes, y corrobora que la mujer le pidió que mandara un escrito que acreditara su intención de desconvocar la manifestación dejando claro que no era una imposición de la Delegación del Gobierno.

«Cuando me llamó se identificó e intentó argumentar, pero me adelanté y le dije que no se preocupara porque nosotros lo habíamos cancelado todo», dice este jubilado, que también se muestra  sorprendido  de que sus declaraciones hayan salido a la luz ya que, según afirma, los investigadores le aseguraron que quedarían en secreto.