Una de las medidas más importantes para la inclusión de los estratos más pobres de la población en la actividad económica llega en forma de propuesta por parte del Ejecutivo central. El Consejo de Ministros ha decidido aprobar este martes una acción transgresora para aquellas personas sin domicilio fijo o sin recursos puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital.
Este hecho va acompañado del complemento de maternidad para las pensiones de jubilación, una proposición que pretende la reducción de la brecha de género patente en el mercado laboral español para este tipo de prestaciones. Ambas motivaciones ya habían sido anunciadas por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El objetivo es que a través de esta modificación normativa se produzca un acceso mayor del espectro de población que pueda optar al Ingreso Mínimo. Una medida que a pesar de sus buenas intenciones pretende dar respuesta a las 60.000 peticiones rechazas por esta delegación del gobierno, y que cuya ayuda comprende, debe ser destinada a aquellos que más lo necesitan.
Un acercamiento de los umbrales económicos
Estos cambios van acompañados de una serie de acciones que determinan la noción y la naturaleza de los hogares españoles, y que permitirán que se produzca un efecto de clasificación más pormenorizado a la hora de reconocer a los beneficiarios.
De esta forma se facilita el acceso al IMV a las personas que residen en centros de convivencia no permanente, como albergues o casas de acogida. Esta nueva ley permite la posibilidad de acogerse a esta compensación en situaciones de dificultad económica o vital. Así, ONGs o servicios sociales podrán colaborar con la Seguridad Social para acreditar a potenciales beneficiarios el ingreso de esta cuantía.
El departamento de Escrivá sopesa la rebaja de los umbrales económicos para percibir la prestación. Este hecho supondría una aceleración en los plazos de adquisición de esta cantidad y su incremento, una cifra que estima el gobierno llegue a 850.000 hogares, pero que hasta el mes de diciembre solo se había concedido a 160.000 demandantes.
El complemento de maternidad
La delegación del gobierno ha optado por aprobar una medida que supone una diferencia de más del 30% en las prestaciones entre hombres y mujeres en el cobro de pensiones. Hasta el momento esta prestación se mantendrá hasta que la balanza se equilibre en torno al 5% para ambos.
Su formalización servirá para que el progenitor acredite un perjuicio en su carrera profesional por el nacimiento de un infante y, por lo tanto, proceda a su cuidado durante las primeras etapas. En caso de que ninguno de los dos lo solicite, será bonificado automáticamente a la madre.
Alrededor de 30.000 mujeres tendrán acceso inmediato a la ayuda y supondrá una cuantía de alrededor de 400 euros por hijo. De esta forma se conseguirá —según datos del gobierno— un aumento del 6% en la pensión media y en la mínima de un 8.
El ministro ha certificado que el impacto presupuestario de estas nuevas medidas es prácticamente nulo, y además permitirá un acceso más sosegado a la economía de algunos estratos de la sociedad en riesgo de exclusión o que no están recogidos bajo premisas equitativas.
Por último, desde el consejo también se ha dado luz verde al reconocimiento del Covid como enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario. Su intención el carácter retroactivo de la propuesta y sobre todo, una mayor protección para aquellos profesionales que suponen la primera línea defensiva contra la pandemia.
José Luis Escrivá también ha aclarado que la Seguridad Social pondrá a servicio de las delegaciones sanitarias la facilitación pertinente para contratar a profesionales de salud ya retirados de la vida activa. Para que en caso excepcional puedan compaginar la pensión de jubilación con la actividad laboral.