El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este viernes que el estado de alarma vigente, que se prorrogará hasta dentro de seis meses, no permite aplicar la medida de los confinamientos domiciliarios que algunas comunidades autónomas como Castilla y León o Cataluña ya se están planteando si la situación de la pandemia del coronavirus empeora. Es decir, de tener que ponerse en marcha esta medida, tendría que aprobarse un nuevo marco jurídico.
No obstante, el ministro se ha mostrado convencido de que «no va a ser necesario llegar ahí» gracias a las medidas «contundentes» que los gobiernos autonómicos sí pueden desarrollar ya dentro del estado de alarma actual, que son el confinamiento nocturno, los cierres perimetrales de las autonomías, la limitación de las reuniones y la movilización de recursos.
«La herramienta no permite el confinamiento domiciliario pero estamos seguros de que si se actúa con estas herramientas, se conseguirá doblegar la curva, estabilizarla y mantenerla baja», ha defendido Illa en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa para detallar el presupuesto de su Ministerio para el año que viene.
«No va a quedar obsoleto»
En este sentido, Illa ha defendido en varias ocasiones que el marco legal que ofrece el estado de alarma que será prorrogado hasta el 9 de mayo, tal y como se aprobó este jueves en el Congreso, "no va a quedar obsoleto ni está ya obsoleto".
«Ayer dimos un paso colectivo muy importante. Es un instrumento que ofrece a los presidentes autonómicos la posibilidad de actuar en cuatro ámbitos muy relevantes», ha remarcado, en relación con las cuatro medidas antes mencionadas.
Así, ha insistido en que el estado de alarma ofrece, tal y como está diseñado, un «marco estable» y suficiente para doblegar la curva. «Estoy seguro de que estas medidas van a dar su fruto», ha defendido.
Hasta tres comunidades lo tienen sobre la mesa
Aunque hace semanas que los diferentes gobiernos autonómicos y el Gobierno, la verdad es que le ritmo creciente de contagios en algunas comunidades ha hecho que algunas comunidades no descarten pedir algún instrumento para aplicar en sus territorios un confinamiento total como en marzo.
Por un lado Castilla y León fue la primera en solicitarlo a Sanidad. Su vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reclamaban en rueda de prensa que ponga en manos de las autonomías herramientas jurídicas que permitan acometer un confinamiento domiciliario si crece el número de contagios por COVID-19 y se produce un incremento de la presión hospitalaria que puede llevarla a un colapso.
Tanto Casado como Igea han insistido en que no se trata de una decisión que ya se haya tomado en Castilla y León sino que ha sido una recomendación apuntada por el Comité de Expertos de la Comunidad. «Pedimos herramientas para que, si fuera el caso, utilizarlo», solicitaba Casado.
También Cataluña lleva días planteándose si es necesario un nuevo confinamiento total para aplanar la curva de contagios. Su secretario de Salud, Marc Ramentol, ha afirmado que las nuevas restricciones para frenar la covid se alargarán los días «que hagan falta» y si no funcionan no descarta instar el gobierno español a plantear el confinamiento domiciliario. Hay que recordar que además del cierre perimetral de la comunidad, en Cataluña no se puede salir del municipio los fines de semana y que se ha cerrado casi toda actividad no esencial.
Por último, el gobierno vasco analiza la posibilidad de establecer nuevas restricciones para combatir la expansión del coronavirus, como una «mayor limitación» de la actividad nocturna, reducir la actividad deportiva, el establecimiento de la educación no presencial en «cursos superiores» o, incluso, un confinamiento «más severo», si bien ha confiado en no tener que recurrir a esta última medida. Hay que recordar que el País Vasco es una de las dos comunidades donde se ha hecho el cierre por municipios.