Pablo Iglesias e Irene Montero habrían abandonado Asturias, donde pasaban unos días de vacaciones con sus hijos, por culpa del acoso por parte de un grupo de ciudadanos. Así lo han confirmado fuentes cercanas al vicepresidente segundo y a la ministra de Igualdad a diversos medios como 'La Sexta' o 'La Nueva España'.
Según parece, Montero e Iglesias habrían tomado esta decisión por seguridad y para proteger la intimidad de los menores. La pareja llegó el pasado viernes a la localidad de Lena, con la intención de pasar toda la semana en esta localidad asturiana. Concretamente, se instalaron en la casa de unos amigos: el diputado y secretario general del PCE, Enrique Santiago.
Su estancia en esta localidad del norte de España se había difundido en diferentes medios en las últimas horas provocando rápidamente una reacción en diferentes redes sociales. Los dos miembros de Podemos habrían sufrido un escenario similar al que tienen en su domicilio de Galapagar.
Tanto Pablo Iglesias como Irene Montero habrían recibido nuevas amenazas e insultos a través de las redes. Alrededor del domicilio de Santiago se habría concentrado algún grupúsculo de extrema derecha.
También en la carretera de la población asturiana habrían aparecido alguna pintada amenazante e insultos hacía el vicepresidente: «Coletas rata». Para la pareja habría sido tal la presión vivida, que habrían tomado la decisión extrema de adelantar su vuelta a Madrid, varios días antes de tiempo.
La tensión estos días en Lena que un restaurante del pueblo, 'Casa María', tuvo que emitir un comunicado en su Facebook, ante las llamadas al boicot. El establecimiento confirmaba la presencia del político y su familia en el local, recordando que «sigue funcionando normalmente(adoptando todas las medidas necesarias en esta “nueva normalidad”),y sigue estando abierto para absolutamente todo el mundo».
Desde 'Casa María' se quisieron desvincular de «cualquier inclinación ideológica, siendo el respeto y la educación ,lo único que prima entre nosotros». Pese a ello se han visto obligados a pedir que cesara el boicot, viéndose obligados, si este persiste, a adoptar «las medidas oportunas».