La Agencia Estatal de Administración Tributaria española, Hacienda, ha puesto la mirada en los grandes patrimonios. Mientras se sigue barajando en algunas esferas políticas la posibilidad de una tributación mínima pensando en la Comunidad de Madrid, la AEAT ha aumentado sus capacidades para la revisión y vigilancia de las declaraciones del impuesto sobre el patrimonio, tal y como han podido reflejar despachos y bancas privadas consultadas. El impuesto está cedido y la recaudación corresponde a las comunidades autónomas.
Es la Hacienda estatal la que tiene capacidad de mejorar el ejercicio de control y revisión. «Como sin impuestos cedidos, no había un incentivo recaudatorio para dotar medios extra a este ejercicio, pero con el refuerzo de los medios técnicos ha aumentado la cooperación y está habiendo más inspecciones», explica un asesor fiscalista de grandes patrimonios.
Hacienda incrementa las inspecciones a las grandes fortunas deslocalizadas a Portugal
Por su parte, las fuentes de datos se trabajan ahora con mayor eficiencia gracias a herramientas y capacidades tecnológicas y novedosas en el panorama como el ‘big data’, uno de los puntos clave del Plan Anual de Control Tributario de 2021. Así, los abogados y asesores fiscales consultados explican que se están encontrando con una mayor ayuda y colaboración entre la agencia estatal y las autonómicas, hechos que están desencadenando en un incremento de inspecciones sobre impuestos cedidos.
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En referencia a esto, el impuesto sobre el patrimonio se lleva la palma, y existen dos pilares fundamentales sobre los que se enfocan las investigaciones fiscales. Uno está relacionado con los activos afectos con el fin de reducir la base imponible del tributo. Y el otro sobre la residencia fiscal, para evitar deslocalizaciones ficticias que tengan como objeto el disminuir la tributación.
Esta situación se da generalmente con grandes patrimonios que se mueven fuera del país o entre comunidades autónomas. Las participaciones en sicavs, por ejemplo, no pueden ser activos afectos.
En el cado los activos de las propias empresas familiares, estas contarían con una reducción del 95% en la base imponible, pero es esencial destacar que deben estar relacionados con una actividad productiva.
Para reducir la cuota de los activos afectos, estos solo se pueden disminuir cuando superen el 50% del total de activos de la empresa familiar. En el caso de las participaciones en sicavs, por ejemplo, no pueden ser activos afectos, así lo confirmó el Supremo en 2013 tras un litigio de Amancio Ortega con Hacienda en referencia a las liquidaciones de 33 millones por el impuesto al patrimonio entre 2001 y 2003.
Por último, el alto tribunal ratificó la posición de Hacienda establecida en una consulta de la Dirección General de Tributos (DGT) en 2010. Tal y como expone la propia Ley del Impuesto al Patrimonio, la exención se restringe a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad de carácter empresarial o profesional, reducidos en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad.
De esta manera, en un 'holding' familiar en el que cuelga una fábrica cuyos activos están valorados en 100 millones, y tiene un patrimonio neto de 10 millones y una deuda económica de cinco millones, mientras que también hay una sicav de 20 millones, los activos afectos serán de 65 millones.
Del total, el 95% de esta cantidad (61,75 millones) es la deducible en la base imponible de patrimonio. Con estos datos, son muchos los banqueros privados y abogados consultados los que coinciden en que fuera de Madrid hay grandes fortunas que incluyen sicavs y otras sociedades patrimoniales que trabajan de esta forma con la finalidad de reducir la cuota por patrimonio. Especialmente sicavs antiguas que se crearon bajo el paraguas de una sociedad familiar. Una situación que se ha convertido en algo común y por la que las agencias tributarias están investigando para erradicarlas muy pronto.