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Hacienda avisa de nuevas inspecciones sorpresa en España

El gobierno repartirá a las comunidade autónomas un fondo de 7.000 millones de euros para paliar las consecuencias del Covid

La pandemia ha golpeado de forma directa al sector empresarial español, cuya salud se trata de recuperar a través de una serie de ayudas que aún no han sido determinadas por el Ejecutivo central. Lo que sí se conoce por el momento es que estas bonificaciones tendrán una cuantía entre los 3.000 y 200.000 euros determinada por las peculiaridades de cada caso. Eso sí, para poder acceder a estas subvenciones habrá que justificar los gastos a través de proveedores, nóminas, suministros u otras facturas derivadas de la actividad productiva. 

Además los beneficiarios deberán acreditar una caída en la facturación del 30% con respecto al año anterior, y pertenecer a uno de los sectores afectados por las restricciones de Covid. Esta subvención proviene de un lote de 7.000 millones de euros que serán transferidos a las diferentes demarcaciones territoriales para repartirlas de forma que consideren necesaria.

El plazo para que la medida se lleve a cabo desde el Gobierno y que los afectados reciban la transferencia en su cuenta bancaria se establecerá en un periodo de 40 días. Desde el momento de la verificación gubernamental, las comunidades serán las encargadas de ingresar el capital. Se estima que este proceso podría tener una periodicidad de alrededor de mes y medio, por lo que los resultados se verían a partir de finales de abril.

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Las diferentes cantidades de retribución e inspecciones sorpresa

Según el grupo al que se pertenezca se puede percibir una cantidad monetaria u otra, por ejemplo, aquellos que tributan por módulos percibirán una cantidad fija de alrededor de los 3.000 euros. Por otra parte, dependiendo de las condiciones de cada caso la ayuda puede oscilar entre los 4.000 y los 200.000 euros según la caída en los ingresos.

Desde la Agencia Tributaria se pondrán a disposición de los territorios las herramientas necesarias para determinar si el declarado para la bonificación es merecedor de dicha ayuda. Además, el Gobierno también prevé que Hacienda sea la encargada de pesquisar en que se destinan las ayudas solicitadas las empresas. La intención inicial es que sirvan para reducir deudas y pagar gastos fijos, como suministros o alquileres.

El Gobierno pretende que el capital vaya destinado a empresas que lo necesiten de verdad, con objetivos definidos y ayudas selectivas. La creación de una estructura que permita controlar a la Agencia Tributaria como se destinan estos fondos es lo que ha precisado el atraso en las ayudas, y afectado directamente a su distribución. 

Tributación y actividad

Este tipo de subvenciones tienden a contar como ingreso por actividad económica o ganancia patrimonial a la hora de ser declaradas en la Renta o el Impuesto de Sociedades. En cuyo caso pueden llegar a ocupar hasta el 56% del IRPF y oscilará entre el 25% y 20% en el Impuesto de Sociedades, todo ello a depender de las necesidades de cada empresa, y claro está a su tamaño.

Desde diferentes organizaciones empresariales se ha instado al Ejecutivo a que estas ayudas no tengan ningún arancel que limite su operatividad. A pesar de ello, Hacienda ha preservado los diferentes impuestos que categorizan a la aplicación de estas bonificaciones.

Las ayudas se concederán hasta final del año 2021, y la condición obligatoria es que las empresas mantengan su actividad hasta 2022, para que no exista un aprovechamiento de los negocios para lucrarse personalmente. También se exigirá a los beneficiados que no exista un aumento de sueldo por parte de los directivos, la prohibición de distribuir dividendos o el cese de la actividad en paraísos fiscales. Por último,  Hacienda ha aumentado en cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.