Gobierno, sindicatos y patronal están a punto de cerrar el acuerdo de un subsidio extraordinario para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. La medida beneficiará a 550.000 parados a través de una ayuda de 430 euros mensuales durante un tiempo máximo de tres meses.
Esta es la primera parte de una medida complementaria a las que ya se están aplicando para frenar el impacto de la crisis. La segunda parte consta de una mejora en la forma de calcular la prestación de afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial.
Se corrige así uno de los principales agujeros del llamado «escudo social», el de los parados que consumieron su prestación sin posibilidad de encontrar un nuevo empleo debido a las restricciones del estado de alarma. Hay que recordar que los afectados por expedientes de regulación temporal cobran una ayuda extraordinaria que no resta derechos del seguro de desempleo que han ido acumulando.
Al negociarse la última prórroga, los actores del diálogo social atendieron las reclamaciones de los sindicatos, que han conseguido forzar esta mejora. En las últimas semanas se han negociado las soluciones para dar salida a este problema.
En el decreto de prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre se aprobó una disposición adicional que obligaba al Gobierno a reunirse con sindicatos y patronal para buscar soluciones al consumo de prestaciones y subsidios durante el estado de alarma y a la prestación por desempleo reconocida durante los ERTE a las personas con varios contratos a tiempo parcial.
Un coste de 710 millones de euros
Según los negociadores, todo está cerrado a la espera de recibir la redacción y concretar lo que ya está hablado. El pacto consta de dos pilares. El primero, la creación de un subsidio extraordinario de 430 euros durante tres meses para los parados que hayan agotado su prestación contributivo o la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de abril.
En este caso no se exigirá una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que este no será un requisito. Según los sindicatos, 550.000 trabajadores se beneficiarán de esta primera medida que tendrá un coste total de 710 millones de euros.
Los ERTE han cubierto a 3,4 millones de trabajadores y han supuesto un desembolso de más de 9.000 millones de euros entre abril y julio. La prestación extraordinaria para autónomos ha protegido a más de 1,4 millones de personas con un gasto mensual de 1.200 millones.
El segundo pilar es la mejora de la paga que reciben los afectados por ERTE que trabajan a tiempo parcial. La metodología para calcular las prestaciones les reconoce ayudas menores a quienes tienen un empleo a jornada completa. Con el nuevo acuerdo, se recalcularán las prestaciones de estos trabajadores y les compensará en una sola paga por el dinero que han dejado de percibir.
Esto beneficiará a unos 150.000 trabajadores, cuyas prestaciones se calcularán teniendo en cuenta la base de cotización y la jornada de cada afectado. Ahora sólo falta el visto bueno del ministerio de Hacienda, que ya está al corriente de las negociaciones.
Todos de acuerdo
Los sindicatos afirman que en esta ocasión no han tenido discrepancias con la patronal, que ha mantenido un perfil más bajo e incluso ha apoyado sus reivindicaciones. El planteamiento de la ayuda concuerda con lo que la patronal ha defendido durante la pandemia: ayudas masivas para apoyar a las empresas a mantener el empleo y las rentas del año.
Esta ayuda excepcional encaja en este concepto ya que será un gasto extraordinario que no se convertirá en estructural. El Gobierno también sale ganando, añadiendo una nueva medida a su «escudo social» para los directamente afectados por las consecuencias de la pandemia.