El pasado domingo los presidentes autonómicos mantuvieron una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les instó a buscar pabellones, palacios de congresos, hoteles y otras infraestructuras para alojar a los asintomáticos durante la fase de transición que quiere poner en marcha el ejecutivo.
Sin embargo, las directrices fueron confusas y las comunidades salieron de la reunión con muchas dudas que han obligado a las delegaciones del Gobierno a matizar. El confinamiento de los asintomáticos no será obligatorio sino una posible opción para aquellos positivos sin síntomas que crean que no pueden cumplir la cuarentena en condiciones en sus domicilios.
Además, la propuesta inicial del Gobierno suponía un coste inasumible por las comunidades al tener que acondicionar centenares de pabellones en todo el territorio nacional, y por eso algunas regiones, entre las cuales las gobernadas por el PP, exigieron al ejecutivo que les devuelva el dinero que les debe Hacienda y los fondos de formación que ha utilizado para hacer frente a los ERTE causados por la crisis del coronavirus.
Por otro lado, existen dudas razonables sobre la legalidad de las medidas del Gobierno, ya que según algunos juristas este no tiene potestad para imponer estas restricciones sin una autorización judicial que consienta su ejecución. Para muchos, el aislamiento obligatorio de los asintomáticos es una medida inconstitucional que se podría comparar a un arresto.
El Gobierno, por su lado, lo justifica argumentando que se trata de medidas propuestas por los expertos que asesoran al ejecutivo en el comité de crisis creado para luchar contra el Covid-19. Todos sus esfuerzos se centran ahora en planificar la vuelta a la normalidad sin que haya rebrotes, pero las comunidades creen que muchas de las propuestas son inviables.
A la espera de más test
Ni hay espacio para confinar a todos los asintomáticos ni el Gobierno puede obligar a nadie a ingresar sin una autorización judicial, dicen algunas comunidades, y recuerdan que ya se habilitan espacios de la sanidad pública para los pacientes con síntomas leves. Ante las quejas de las comunidades, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que «una voluntariedad manifiesta, si fuera precisa, sería algo factible».
Para empezar a relajar las medidas de confinamiento el Gobierno necesita más test para examinar a la mayoría de la población y limitar al máximo la posibilidad de un nuevo brote. Las comunidades autónómas están a la espera de recibir estos test para empezar a hacer las pruebas durante el mes de abril.