El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en Madrid (España), a 4 de enero de 2021.

El motivo del Gobierno para decir no al toque de queda a las 20h en España

El ministro de Sanidad pide calma y responsabilidad ciudadana para que las medidas tomadas hasta la fecha surjan efecto

La pandemia ha continuado su curso en 2021 con la misma tendencia que acompañó el final del año anterior. La ocupación hospitalaria en cuidados intensivos supera en algunos territorios el 50 por ciento y son ya, al menos, nueve comunidades las que han solicitado el adelanto de las restricciones nocturnas. Por el momento la postura del gobierno se ha mantenido férrea aunque siempre con la coyuntura de disposición al diálogo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, —que aún mira de reojo la situación ocasionada por los comicios del Govern— presidió ayer el Consejo Interterritorial de Salud y negó la demanda que presentaron la mayoría de demarcaciones territoriales con respecto a adelantar el toque de queda nocturno a las 20 horas. 

La justificación que argumenta la delegación del gobierno es que aún existen herramientas suficientes para combatir el Covid, aunque por parte de las CCAA se asegura que no hay más elementos a los que aferrarse. Muchas de ellas tras haber optado por acciones que restringen la movilidad, las reuniones multitudinarias o el cierre de establecimientos comerciales.

Las autonomías sin recursos 

El consejero de Salud dela junta andaluza, Jesús Aguirre, comentó con los ministros de Sanidad y Política Territorial en rueda de prensa que desde la comunidad ya se aplican las máximas restricciones posibles, entre ellas el cierre de 326 municipios con más de 500 casos de incidencia. De los citados, la incidencia en 141 supera los mil casos. 

«No podemos hacer más con las competencias que tenemos asignadas» menciona Aguirre, y recalca la necesidad de adelantar el toque de queda, que permitiría que la ola se supere más rápido. A pesar de las exigencias, la respuesta de Illa fue tajante, y es que desde el gobierno central no quiere enfrentarse al desgaste que supondría volver a reconocer otra modificación en materia de prevención.

En esta dinámica, el Ejecutivo espera que una vez se llegue al pico de la tercera ola, que tendrá lugar a finales de esta semana o principios de la siguiente, la situación se relaje y cesen las demandas. La delegación de Sanidad reveló ayer datos que afianzan la idea de que el ritmo de crecimiento ha descendido, pero aún con una pendiente creciente.

Las cifras del Covid para el miércoles sitúan 41.576 nuevos contagios con 464 muertes, y una incidencia acumulada de 736 sobre 100.000 casos en la media de toda España. Con once comunidades con más del 25% de ocupación en sus UCIs y tres con más del 50%, que son Valencia, La Rioja y Melilla.

Todo ello en palabras de Salvador Illa acontece a un ritmo esperado por la situación actual del coronavirus, pero se muestra confiado por el efecto de las medidas tomadas hasta el momento. «Todo el mundo sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado, por mucho que nos empeñemos, mañana, no se trata tanto de añadir muchas medidas de golpe si no de aplicar las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas» asegura el delegado del gobierno.

«Vienen días duros»

Así lo asegura el ministro, pero cerciora que si existe el compromiso y la solidaridad ciudadana, la tercera ola será doblegada. En este ejercicio de espera se han suministrado 1,3 millones de vacunas, de las que se han distribuido casi un millón de dosis, con 16.000 personas que ya han recibido la totalidad del tratamiento preventivo.

El Consejo Interterritorial no debatió qué grupos conformarán la segunda fase de vacunación, a partir de marzo. Lo que sí se ha establecido es que tras la vacunación de los mayores de 80 años, serán aquellos con factores de riesgo los siguientes. Todo ello pendiente de que la vacuna haya sido administrada a residentes, trabajadores de geriátricos, profesionales sanitarios de primera línea y grandes dependientes que residen en sus domicilios.