Atasco en la entrada de un peaje de una autopista

El Gobierno quiere que todas las carreteras sean de pago: quién se libraría de pagar

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, diferencia entre quienes se desplazan para ir a trabajar y el transporte de mercancías

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado que el Gobierno se plantea implantar un modelo de pago por el uso de las carreteras en España. Se trata de una vieja idea que ahora vuelve a la actualidad por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de convertirla en una realidad en plena pandemia.

La novedad es que en este caso se tendrá en cuenta el perfil del usuario. El Gobierno quiere excluir la obligatoriedad de pago a aquellas personas que tienen que transitar por las vías frecuentemente para ir a trabajar.

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Sin embargo, el ministro ha separado estos casos de las actividades económicas. José Luis Ábalos hace una distinción entre las personas que circulan cada día para ir a su trabajo de las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas. Por lo tanto, sí tendrían que pagar las empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera.

«A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», ha aclarado.

Su propuesta llega en plena crisis del sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, a raíz de la crisis del coronavirus. La dimensión de la debacle lo marca el siguiente dato: según la Confebus, un tercio de las más de 3.000 empresas de autobús podría desaparecer en los próximos meses por la caída de sus ingresos.

Pero no es la primera vez que el Gobierno amaga con imponer el pago por el uso de las carreteras y autovías de la red del Estado. Fue en verano del año pasado cuando el ministro Ábalos anunció la intención del Gobierno de pasar las autovías gratuitas al régimen de pago, matizando que sería un coste simbólico para el usuario.

El Gobierno planeaba entonces que fuera una décima parte de lo que se paga normalmente en los peajes, y quería destinar parte de la recaudación a reducir los peajes de las autopistas que aún están en manos privadas. Una estrategia que se completaría al liberar de peaje las autopistas en las que venza la concesión.

Necesidad de financiación

Sin embargo, en aquella ocasión la medida quedó guardada en un cajón tras las protestas de varias comunidades autónomas y del sector. Entonces, el ministro defendió que no existía un plan como tal y zanjó el debate del pago generalizado.

Un debate que ahora se vuelve a abrir, aunque el ministro niega que haya diferencias en el cobro de peajes en función del territorio por el que circulan los usuarios. Ábalos defiende la igualdad territorial y critica cualquier diferencia que impida «hacer una España igual para todos». Su máxima es «igualdad territorial sin discriminar a los usuarios».

En el fondo del debate está las necesidades de financiación para la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas. Según el ministro Ábalos, estas ya concentran todo el presupuesto público actual y no dejan margen para la obra nueva.

Ábalos también ha recordado que en todas las infraestructuras de transporte se paga por el uso, excepto en el caso de las viarias, donde hay unas necesidades que atender que el presupuesto no cubre. «Estamos en un escenario de asumir desafíos y retos, y este tenemos que planteárnoslo». Según ha dicho, es un debate pendiente de cara al futuro inmediato.

Limitación del alquiler

El ministro ha aprovechado para hablar sobre otra de las cuestiones candentes que tiene encima de la mesa, la limitación del precio de los alquileres. Se trata de una propuesta de Podemos que tiene que incluir la futura Ley de la Vivienda y que podría ser aprobada en el primer trimestre del año que viene.

La administración local será la encargada de gestionar la nueva ley, aunque como novedad el ministro ha avanzado que «en principio, no es obligatorio para los ayuntamientos». Según ha dicho, el que entienda que deba hacerlo lo hará  y quien no lo vea así, seguramente no lo hará. Pero también ha recordado que la ley sigue en estudio y susceptible de ser modificada.