Las primeras semanas de la crisis del Coronavirus y sus efectos sobre la economía han sido duras, pero los expertos vienen avisando: lo peor está por llegar. Hasta ahora, la inyección de dinero público ha amortiguado el golpe, pero en las próximas semanas el Gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones duras e impopulares, y una tiene que ver con un tema que hasta ahora parecía sagrado: las pensiones.
Es evidente que el desembolso público deja las arcas al borde de la bancarrota y que para equilibrar las balanzas fiscales el Estado tiene que conseguir nuevos ingresos, así que con la confirmación del hundimiento de la economía con los datos del INE del primer semestre y con la sombra de la intervención planeando sobre España, el Gobierno planea ya un severo recorte de las pensiones.
Sería una de las medidas de un duro paquete de recortes que el Gobierno quiere poner en marcha para reducir el déficit fiscal y preparar el terreno para poder recibir el auxilio financiero de la Unión Europea.
Ante la necesidad de liquidez, el Gobierno se plantea un duro ajuste del sistema público de pensiones que consistiría en la congelación y el endurecimiento del acceso a las prestaciones de jubilación, lo que supone recurrir a algo que hasta ahora era sagrado y que se contemplaba sólo como último recurso ante situaciones de debacle como la actual.
El plan del Gobierno para congelar las pensiones dependerá de las directrices que lleguen de Bruselas a la espera de que aprueben el Plan de Estabilidad presentado por el Gobierno el pasado viernes 30 de abril. Pero la cosa no pinta muy bien, si nos atenemos al batacazo de la economía española en el primer trimestre y el aumento disparado del déficit y de la deuda.
Ante esta situación, el sistema de pensiones hace aguas por todos lados y reclama, según fuentes del Gobierno, una reforma urgente. En el horizonte están dos retos principales: frenar el déficit de las pensiones, con 9,7 millones de pensionistas y 18,4 de cotizantes, y prepararse para la entrada de nuevas pensiones más altas a partir de 2023.
La cosa puede complicarse si, tal y como afirman todas las previsiones, el paro aumenta hasta cerca del 20%. Ante la imposibilidad de encontrar nuevas cotizaciones para hacer frente a las jubilaciones, la solución más drástica es recortar la nómina de los jubilados que sólo se verá aliviado si se cumplen las previsiones de la caída de los precios en los próximos meses.
A partir de ahí, el Gobierno tiene varios mecanismos para ajustar el sistema público de pensiones, como el Índice de Revalorización de las Pensiones que supone en definitiva un recorte de las jubilaciones. También puede limitar las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta, aunque haría falta fijar esta cuantía y los tramos para dotarla de proporcionalidad.
El Gobierno también podría recurrir a los ajustes planteados en 2011 por Zapatero que prevé aumentar la edad efectiva de jubilación y que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía, con lo que podría ahorrarse hasta un 1% del PIB.