El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno presentó el pasado 30 de abril a la Unión Europea y que ahora Bruselas está estudiando como documento de referencia para la transferencia de 140.000 millones de euros hasta el próximo ejercicio 2026, va a convertirse en la piedra angular de las decisiones de más transcendencia que tome en los próximos años el Ejecutivo. La consecución de los fondos europeos que deben permitir renovar y modernizar las estructuras productivas y económicas de nuestro país conlleva el cumplimiento de una serie de reformas de fondo: desde el sistema laboral al de pensiones, pasando por la fiscalidad, por poner varios ejemplos.
Ya han sido muchas las novedades de las cuales se han ido conociendo los detalles en los últimos días: nuevos impuestos, subidas de algunos tipos, introducción de 'peajes blandos' en el sistema de autovías de nuestro país... Otro de los campos de batalla en los próximos años en España va a ser la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, a fin y efecto precisamente de conseguir un aumento de la recaudación impositiva. Desde el Gobierno se habla, en el Plan de Recuperación, de fomentar una «relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos para lograr unas buenas prácticas tributarias».
Un plan para reducir el fraude fiscal en el colectivo de autónomos
De este modo, el Ejecutivo incentiva a empresas y a autónomos a proponer mecanismos que permitan mitigar al máximo el fraude fiscal y la economía sumergida de nuestro país, pero lo cierto es que el Plan de Recuperación no se basa tan solo en esta premisa. Desde el Gobierno plantean ya una serie de medidas que estrecha el control fiscal sobre el colectivo de trabajadores por cuenta propia. No hay duda de que las nuevas normas que se pretenden aplicar van a tener una afectación notable sobre los autónomos, que representan un volumen importante entre la población activa en España: más de 3,2 millones de personas.
Entre las medidas del nuevo plan de control fiscal a trabajadores autónomos se encuentran las que recoge este martes, 11 de mayo, 'El Economista'. De entrada, se pretende restringir la utilización de 'software' de doble uso, es decir, que permite maquillar o disimular los ingresos percibidos y, por lo tanto, permite tributar menos de lo que está previsto por ley. Otra medida importante que va a conllevar el nuevo plan de control es la limitación de los pagos en efectivo. Hasta ahora, estaban autorizadas determinadas operaciones con movimiento de efectivo de hasta 2.500 euros, pero la intención del Ejecutivo pasa por reducir este tope a los 1.000.
Con esta medida, va a limitarse el movimiento de dinero 'negro' y se va a poder tener un control más minucioso de la trazabilidad de las operaciones. En este sentido, los pequeños fraudes van a tener mayores obstáculos para su desarrollo. El Ejecutivo pretende, tal y como refleja en el Plan de Recuperación, establecer un mayor control sobre «aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas».
Además de las novedades sobre el papel, es decir, la transformación normativa para hacer más estricta la legislación que persigue el fraude fiscal, se prevé que la Agencia Tributaria amplíe sus recursos humanos para poder hacer más inspecciones de combate a la economía sumergida y al fraude fiscal. Hacienda quiere dar un paso adelante para detectar ingresos no declarados, conseguir la modernización de la tecnología de uso y, a su vez, ofrecer una mejora en la atención al contribuyente.