Pablo Iglesias preparando una reunión de gobierno con la bandera nacional de fondo

El Gobierno cambia la ley para echar a los okupas de tu casa

Mientras dure el estado de alarma no se podrá desahuciar a colectivos vulnerables siempre que no utilicen la violencia

El Gobierno ha modificado la ley antidesahucios para impedir que se pueda echar a los okupas si estos no utilizan la violencia. El cambio en el decreto ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles, sigue dejando sin cobertura jurídica a la okupación en primeras o segundas residencias, pero introduce novedades significativas.

Se trata de la modificación en dos de los seis supuestos en los que está prohibido sacar a los okupas de una vivienda. No se podrá echar a colectivos vulnerables durante el estado de alarma, que termina el 9 de mayo, si entraron en la vivienda sin violencia.

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La okupación tampoco quedará amparada en el caso de que el inmueble sea hogar habitual de una persona en régimen de cesión. Para poder permanecer en la vivienda de un gran tenedor (con más de 10 inmuebles en propiedad), el okupa deberá demostrar su situación de vulnerabilidad. 

Hasta ahora, la prohibición de desahuciar quedaba sin efecto cuando la entrada o permanencia en la vivienda se producía como «consecuencia de delito». El Gobierno cambia esa parte del texto y pone énfasis en la prohibición de los desahucios cuando la entrada y permanencia en el inmueble se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas. 

Por lo tanto, el Gobierno elimina el término delito y establece las excepciones en los casos en los que no haya habido violencia o intimidación. Los expertos advierten que las modificaciones de la ley ofrecen mayor cobertura jurídica a la okupación, ya que la mayoría de entradas en los inmuebles se producen cuando la vivienda ya está vacía, y por lo tanto, no hay violencia ni intimidación a los propietarios.

La medida puede tener un mayor impacto sobre los grandes propietarios de viviendas, como bancos o fondos, ya que sus inmuebles son susceptibles de ser ocupados aprovechando que en el interior no vive nadie. A la hora de entrar en esos pisos vacíos, no es necesario emplear la violencia o intimidación, y eso daría cobertura legal a la acción.

Hasta ahora este tipo de acciones podían ser objeto de un delito de usurpación, pero según la modificación de la ley, ahora deja de tener efecto. Si una persona entra en una vivienda sin utilizar la violencia, y demuestra su situación de vulnerabilidad, no podrán echarle, al menos durante el período en que dure el estado de alarma.

Se amplía a viviendas de personas jurídicas

El nuevo texto incluye una segunda modificación por la cual se amplía a las propiedades de personas jurídicas la posibilidad de desahuciar en el caso de que tenga el inmueble cedido a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada. Hasta ahora, solo se reconocían las viviendas de personas físicas.

Tampoco se podrá desahuciar a una persona cuando la okupación se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si tiene en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas que tenga el propietario y cuando existan indicios de que la vivienda se utiliza para actividades ilícitas.  

Ni tampoco se podrá efectuar un desahucio cuando la entrada o permanencia se produzca en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social, cuando ya se hubiera asignado a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione. Y cuando la entrada en la vivienda se produzca con posterioridad a la entrada en vigor del decreto ley.

Una obsesión para Unidas Podemos

La modificación de la ley supone una nueva victoria para el sector de Unidas Podemos y Pablo Iglesias, que convirtió la ley antidesahucios en una de sus obsesiones. No es extraño que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pusiera especial énfasis en el anuncio de la nueva modificación tras el Consejo de Ministros, el martes. La ley pretende amparar a los colectivos vulnerables, pero según los expertos, lo que hace es dar cobertura jurídica a los okupas.

Hace unos meses Unidas Podemos pidió un impuesto a los grandes propietarios de pisos vacíos, y ahora rechaza públicamente ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de determinados umbrales. Los cambios normativos están sembrando el pánico en uno de los pocos sectores que se han librado de la catástrofe del coronavirus. Los precios de la vivienda cerraron 2020 con buenas perspectivas, y la burbuja inmobiliaria parece haberse desinflado.