El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha dado una nueva vuelta de tuerca en la lucha contra el fraude fiscal con una nueva medida que también afectará a los ciudadanos de a pie.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy fue el primero que puso un límite a las operaciones financieras, imponiendo un límite de 2.500 euros a todas las operaciones económicas en las que participasen empresarios o profesionales, aunque los particulares sí que podían realizarlas.
El Gobierno actual ya está trabajando en un nuevo proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que está actualmente en trámite parlamentario tras ser preparado por Hacienda, y que limita todavía más ese techo de gasto.
Concretamente, la norma recogía en un primer momento limitar a 1.000 euros el máximo de transacciones económicas en efectivo, pero solamente a empresarios y profesionales. Aun así, según adelanta 'La Información', la excepción que permitía a los ciudadanos sobrepasar ese límite podría haberse eliminado, lo que terminaría implicando que los ciudadanos no podrán pagar más de 1.000 euros en efectivo bajo ninguna circunstancia.
La medida nace para impedir, todavía más, que se pueda blanquear el dinero negro procedente de actividades ilegales y que no están sujetas a los pagos a Hacienda. La diferencia es que, mientras en un primer momento se incluía esa excepción para «minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas» —y que permitía a los particulares seguir pagando cantidades de hasta 2.500 euros en efectivo—, finalmente se ha eliminado.
Además de los ciudadanos, otros que podrán verse afectados por esta nueva normativa, en caso de aprobarse, serían plataformas como Wallapop, que permiten el intercambio de bienes entre particulares. Estas transacciones apenas cuentan con control por parte de Hacienda, aunque están sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
En términos prácticos, lo que esta ley conllevaría en este tipo de operaciones es que obligaría a los particulares a utilizar a los bancos y entidades financieras como intermediarios. Por ejemplo, un particular no podría comprar un coche de segunda mano a otro por 2.400 euros y pagarle en metálico, como hasta ahora se podía, sino que se vería obligado a realizar una transferencia bancaria.
Europa no permite limitar al completo las transacciones en efectivo
La medida busca perseguir un marco legal que se aplica en otros países de Europa, y de hecho, el citado medio asegura que incluso se llegó a plantear que el techo de gasto de 1.000 euros fuera todavía más reducido para minimizar al máximo las posibilidades de blanquear dinero.
Así, la gran mayoría de operaciones económicas de nuestro país serían perfectamente rastreables por Hacienda, que actualmente ya tiene un gran control sobre este tipo de operaciones y permite detectar con mayor precisión las actividades ilícitas que se lleven a cabo en nuestro país.
Hay quien cree que la medida también busca reducir el máximo posible el pago en efectivo, incluso en operaciones con muchas menos cantidades de dinero. Algunos expertos creen que en unos años será muy difícil pagar en efectivo en cualquier parte, pero Europa acaba de poner límites a estas legislaciones.
La normativa comunitaria exige que se admita el euro como medida de pago, lo que en la práctica significa que permite el pago a través de monedas físicas, tal como el abogado de la Unión Europea manifestó hace poco.
El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno también pretende limitar las transacciones de personas que no residan en España, que actualmente están fijadas en 15.000 euros, pero que podrían limitarse a 10.000 euros.