Mano sosteniendo un móvil

El Gobierno podrá intervenir WhatsApp

El anteproyecto de ley para lanzar avisos de emergencia en Whatsapp y Telegram podría salir adelante en mayo

La Ley General de Comunicaciones está a punto de llegar al Congreso para su discusión y posterior aprobación. Se trata de una ambiciosa regulación que incluye la capacidad del Gobierno de intervenir Whatsapp y Telegram para difundir avisos de emergencia, algo que por cierto está causando bastante polémica.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende impulsar una modificación del polémico Real Decreto 14/2019, conocido como el «decretazo digital». Como novedad, introduce la capacidad de utilizar una relación directa con los usuarios de Whatsapp y Telegram.

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En el apartado de los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil, el Gobierno se atribuye con carácter excepcional «la gestión directa o la intervención de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

Además, establece que «esta facultad sólo se podrá ejercitar respecto de los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes en curso».

El anteproyecto incorpora la Directiva de la Unión Europea 2018/1972 que establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. En uno de sus artículos, prevé la creación de un sistema de alertas públicas que obligará a transmitir a los servicios de comunicaciones alertas ante grandes catástrofes o emergencias. 

Si sale adelante la ley, estarán obligados a difundir los mensajes los operadores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en la numeración, es decir, compañías como Telefónica o Vodafone. La nueva norma contempla la opción de extender la obligación a los demás servicios de comunicaciones electrónicas no dependientes de la numeración, y a los servicios de comunicación audiovisual y aplicaciones de móvil con acceso a Internet.

Los artículos 4 y 75 de la regulación contemplan la capacidad del Gobierno para intervenir redes de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram. Hay que recordar que Whatsapp es la red de comunicación interpersonal más utilizada en el mundo, con 2.000 millones de usuarios, mientras que Telegram ha experimentado un gran salto en el último año.

En proceso de discusión

La diferencia con el resto de países de la Unión Europea reside precisamente en este punto, la capacidad del Gobierno de asumir la gestión directa o intervención de los servicios o la explotación de las distintas redes. En septiembre se aprobó la tramitación del anteproyecto de ley, que ahora llegará al Congreso para su discusión, y su previsible aprobación en el mes de mayo.

El PP defiende que todas la leyes y la acción del Gobierno tienen control parlamentario, pero antes de hacer enmiendas quieren estudiar las alegaciones del sector. Ciudadanos planteará todas las medidas necesarias para favorecer el máximo control parlamentario al Gobierno y la rendición de cuentas. 

La prioridad de la oposición es tratar de resolver la ambigüedad que contiene el artículo, ya que no indica qué tipo de mensajes se podrán intervenir y difundir, en qué situaciones concretas y con qué criterios. Los populares entienden que la finalidad de la norma es permitir la difusión de alertas por los nuevos canales de comunicación de forma que lleguen al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible.

Unidas Podemos también tiene previsto presentar enmiendas para que el texto incluya más garantías de los derechos digitales. Aun así, tampoco se posicionará hasta disponer del texto y poder analizarlo en toda su complejidad.

Una tasa a los operadores

El Gobierno de Pedro Sánchez incluye en el anteproyecto la intención de aprobar una tasa a los operadores de mensajería instantánea tipo Whatsapp o Telegram. La norma también prevé la supresión de las cabinas telefónicas como una de las principales medidas de la Agenda España Digital 2025.

La ley quiere regular el sector de las telecomunicaciones. Entre las novedades figuran la obligatoriedad de que los operadores de mensajería instantánea se registren, y la aplicación de un impuesto de 1 euro para cada 1.000 que ingresen al año, siempre que facturen en España más de 1 millón de euros. Los operadores deberán comunicar sus ingresos anualmente.