Imagen de archivo de una autovía

El Gobierno quiere que las autovías sean de pago y ya piensa en cómo hacerlo

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha comunicado a la UE sus intenciones

El Gobierno español está convencido de que el futuro de la larga red de autovías de nuestro país pasa por un sistema de pagos que cubran los ciudadanos, pero todavía no ha decidido exactamente cómo implantar esos pagos ni cuándo podrá hacerlo.

Esta medida ya la comenzó a trabajar el anterior Gobierno y no está claro que el actual pueda acabar desarrollándola del todo, especialmente debido a la coyuntura social y económica en la que estamos por la pandemia de coronavirus. Aun así, el Gobierno enviará en breve un comunicado donde incluye estas intenciones y será la primera vez que se exprese de forma clara y oficial después de años de rumores. 

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La Unión Europea busca que todos los países miembros unifiquen sus medidas en el ámbito de la circulación y las infraestructuras de transporte, y este nuevo sistema de financiación de las carreteras iría en ese sentido.

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Este es el texto incluido en la página 114 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno quiere enviar a la Comisión. 

Se liberan varias autopistas de pago

Cabe recordar que en los últimos años el Estado está asumiendo la titularidad de muchas autopistas que eran de pago y que están dejando de serlo. Durante 2018 se liberó el tramo de la AP-1 entre Burgos y Arminón, pero más tarde se liberarían también tramos de la AP-4, entre Sevilla y Cádiz; y de la AP-7, entre Valencia y Tarragona. Y está previsto que durante este 2021 se liberalice toda la AP-2 al completo y se complete la liberación de la AP-7 entre Tarragona y la frontera con Francia. 

Tras estos cambios, el Estado ha asumido los costes de manutención de esas carreteras, que se suma a los gastos ya existentes de la amplia red de autovías de todo el territorio, así que ahora busca una forma de financiar esos costes sin que se convierta en un agujero para las arcas públicas. 

Lo que todavía no está claro es qué sistema se va a utilizar para realizar esos pagos y cuándo se empezarían a preparar. Varios países europeos ya tienen sistemas que cobran a los ciudadanos por el uso de estas carreteras, así que es probable que el Gobierno —el actual o los que le sucedan— aplique algún sistema similar. 

Parte de la sociedad no circula nunca por este tipo de carreteras, así que se ha mostrado abiertamente en contra de instaurar un pago universal por el mantenimiento de las autovías. Por esa razón, uno de los sistemas que se valoran es aplicar un impuesto directamente sobre la compra o posesión de un vehículo, de manera que solo los conductores pagarían por las carreteras.

Otro sistema que se valora es que sean los transportistas de mercancías quienes paguen el grueso de esta tasa, ya que son quienes más uso hacen de estas vías y quienes más contribuyen a su desgaste por las características propias de los camiones. Lo que parece bastante claro es que, al menos de momento, no se contempla la instauración de peajes como los que hay actualmente en muchas autopistas y autovías, aunque tampoco se descarta la opción. 

Equilibrio interno

Otra de las intenciones del Gobierno, más allá de cumplir con las directrices europeas en materia de circulación e infraestructuras, es crear un cierto equilibrio dentro de nuestro propio país. Desde hace muchos años, hay comunidades en las que se paga muchísimo más por las infraestructuras, mientras que en otras son totalmente gratuitas.

Por ejemplo, Galicia es la región con la autopista de peaje más cara de todo el país, la AP-9, una de las que todavía tardará años en liberalizarse —si es que se llega a liberar—, pero los ciudadanos de otras zonas como Cataluña, el País Vasco o la Comunidad Valenciana también han tenido largos tramos de carreteras de pago durante décadas. En cambio, en Extremadura la red de carreteras es totalmente gratuita para los conductores.

Con este sistema de financiación, lo que se pretende es que todos los españoles paguen una cantidad similar por el uso de las carreteras de alta capacidad, vivan en el territorio que vivan.

Las autoridades son conscientes también de que el momento actual no es el más idóneo para acometer una reforma de este calibre, ya que con la actual crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, gran parte de la población no vería con buenos ojos este tipo de tasas. Aun así, ya avisan de que todo lo que se recaude con este sistema de financiación irá a parar de forma exclusiva al mantenimiento de las infraestructuras.