Los transportistas afrontan hoy su décimo día de huelga. El sector se ha movilizado para reclamar medidas efectivas y justas para poder seguir trabajando. Las ofertas por parte del gobierno español no les terminan de convencer y Pedro Sánchez podría tomar una drástica medida más pronto que tarde.
El acuerdo está tardando en llegar
Desde el Ejecutivo se ha ofrecido poner en marcha un plan valorado en 500 millones de euros. No obstante, los convocantes se quejan porque no saben cómo les va a llegar ese dinero que necesitan para compensar la subida de precios de los combustibles.
El sector del transporte es uno de los más castigados. Tiene exceso de intermediarios, escasa regulación, denuncias de conductas abusivas y una media de edad que supera los 50 años. Esto a largo plazo podría significar la escasez de conductores.
Con su huelga, la actividad habitual está viendo fracturada una parte clave de la cadena de suministros. España está afrontando diferentes problemas de desabastecimiento, mientras numerosas empresas y sectores se han sumado a los paros.
Ya son varios los productos que no pueden ser transportados hasta donde se necesitan, como los lácteos que están siendo desechados.
Hay estanterías en los supermercados que se han quedado prácticamente vacías a la vez que en las fábricas los productos que deberían ocuparlas se están tirando al no poder repartirse.
A esto hay que sumar a los pesqueros, que permanecen amarrados. Y es que el mero hecho de salir a faenar les supone un gasto insostenible.
Por si todo esto no fuera suficiente, la subida generalizada de los precios y la crisis energética de los últimos meses también están dejando al país en un punto crítico.
En España, la vida no hace más que encarecerse cada vez más y a ello se han venido sumando el encarecimiento de los alimentos y también los récords en los precios del combustible.
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Crecen las desavenencias entre los partidos políticos
Ante este escenario, la presión social solo hace que multiplicarse. Las diferencias entre partidos políticos también se van incrementando. De hecho, se multiplican las voces que claman al Gobierno soluciones inmediatas y rebajas en los impuestos, denunciando la “inacción” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo tiene claro. Ha clamado contra la gestión de la crisis y ha exigido la intervención del Ejército y la Policía para paliar sus efectos y establecer “corredores seguros” para los alimentos perecederos.
Estas palabras han tenido su impacto y han contribuido, entre otras, a que ya se hable de la posibilidad de llegar a un nuevo “estado de alarma”.
Lo cierto es que no sería la primera vez. Ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2010 con motivo del cierre del espacio aéreo por la huelga de controladores.
Algunos medios han señalado que Sánchez podría estar dispuesto a ello “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”.
No obstante, por el momento el presidente del Ejecutivo no se ha pronunciado todavía al respecto. A pesar de ello, el Gobierno podría aplicar de forma inmediata esta medida tras una reunión extraordinaria. Y es que, a diferencia del estado de excepción y de sitio, no precisa de la intervención del Congreso de los Diputados.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado que el Ejército vaya a intervenir en el paro de transportistas para garantizar el abastecimiento. De hecho, ha asegurado que tal escenario “no se puede contemplar en absoluto”.
"Es el momento de arrimar el hombro, negociar y buscar soluciones”, ha dicho.
La bajada de impuestos no es la solución
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que una bajada generalizada de impuestos "no resuelve ninguno de los problemas" actuales.
"Si bajas los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de precios de la energía, lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población", ha subrayado.
Mientras tanto, la situación sigue empeorando cada día y con el 29 de marzo que fijó el Gobierno para aplicar sus medidas todavía demasiado lejos.