Sigue el caos de las restricciones tras el fin del estado de alarma en España. En las últimas horas el PP ha puesto al Gobierno contra las cuerdas al ofrecer una ley de pandemias. El plan B ha sido rechazado de forma clara por el Gobierno, que seguirá con su estrategia de pasar la responsabilidad a los tribunales.
Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien en la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados ha rechazado el plan B propuesto por el principal partido de la oposición. Ha definido la ley de pandemias como «inquietante» porque rebaja la calidad de los derechos de los ciudadanos, y ha mandado un recado al PP: «En B no queremos nada, todo en A».
La vicepresidenta hacía referencia a la caja B del Partido Popular y la corrupción que persigue al partido de Pablo Casado. Lo ha hecho enmedio de un clima de crispación política y de tensión social, por las consecuencias de los resultados electorales en Madrid y por el caos social desatado en las últimas horas tras el estado de alarma.
Esta era la primera vez que se veían las caras tras las elecciones madrileñas, y la sesión ha venido marcada por la forma de gestionar la pandemia a partir de ahora. Los tribunales están tumbando ya las primeras medidas de algunas comunidades autónomas, que piden una reunión urgente de presidentes y una solución. Con los instrumentos legales existentes ven difícil poder hacer frente al aumento de los contagios.
El líder de la oposición, Pablo Casado, se ha presentado hoy al Congreso exultante por la victoria electoral en Madrid. Pero ha querido centrarse en la polémica por la falta de un plan alternativo al estado de alarma, y ha reprochado a Sánchez su falta de liderazgo para evitar más muertes por Covid-19. Por eso le ha urgido a aceptar la propuesta del PP, una ley de pandemias que daría más instrumentos a las comunidades autónomas para aplicar restricciones y hacer frente a los contagios.
Pasos en falso del Gobierno
En un primer momento parecía que el Gobierno se abría a una modificación de la ley, pero en las últimas horas ha reculado y no habrá plan B. Pedro Sánchez confía en su estrategia de que sea el Tribunal Supremo el que dé cobertura a las restricciones más limitativas que quieran aprobar las comunidades más afectadas por los contagios. De hecho, Carmen Calvo ha acusado al PP de «querer debilitar el control de calidad de los derechos y la democracia española».
El tono de la vicepresidenta ha ido subiendo con acusaciones de saltarse el estado de alarma e incumplir la ley de Régimen Electoral. «Pretenden multar a quien no se quiere vacunar», ha dicho. Pero Casado no se ha quedado callado, y ha pedido al presidente del Gobierno que acepte su plan B y «no sé 100 días para que el virus avance a la espera de la prometida inmunidad de grupo». Es más, Casado le ha llamado a convocar ya el debate sobre el estado de la nación y llevar al Congreso su plan de reformas.
El PP ha acusado al Gobierno de esconder a los españoles un aumento de impuestos de 80.000 millones de euros. Pedro Sánchez, por su lado, ha apelado al avance de la campaña de vacunación y a la recuperación económica para defenderse del vendaval de la oposición. «Las urgencias del PP no son las de los españoles», le ha dicho a Casado, y le ha recordado que aún quedan 23 meses de legislatura y que buscará la estabilidad.
«Se le empieza a poner cara de Albert Rivera», le ha dicho el socialista al conservador, y este le ha respondido: «y a usted cara de Zapatero». Una muestra del ambiente de tensión que se respiraba hoy en el Congreso de los Diputados, y que confirma que tras las elecciones madrileñas se abre la pelea por la Moncloa con un horizonte: 2023.
El Gobierno cede la responsabilidad a los jueces
Mientras, los españoles siguen preocupados por lo que sucederá las próximas semanas sin estado de alarma en España. La desaparición de las restricciones más duras han supuesto un alivio, pero la reacción con centenares de jóvenes celebrándolo en la calle sin mascarilla ni distancia de seguridad también ha causado pavor. Los expertos temen un repunte de los contagios a partir de esta misma semana.
Ante eso, las comunidades autónomas se encuentran desarmadas. Los territorios tienen las competencias para regular los horarios y el aforo comercial, y no tendrán demasiados problemas para aprobar este tipo de medidas. Pero cuando se trata de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se empiezan a encontrar con el rechazo de los tribunales. Medidas como el toque de queda, la limitación de reuniones sociales y los confinamientos perimetrales tendrán muchos problemas para salir adelante.
La ley existente es muy ambigua, e insuficiente como para limitar derechos a un amplio colectivo de personas. El PP registró el pasado mes de abril una reforma del artículo 3 de la Ley de Medidas Especiales por motivos de Salud Pública, que ampara la aplicación de confinamientos y la limitación de movimientos de los ciudadanos. Pedro Sánchez descarta definitivamente esta opción, y mantiene su plan inicial.