La situación ocasionada por la tercera ola del coronavirus vive unas últimas horas de alta tensión, prácticamente cuando nos acercamos al pico de la misma y la situación sanitaria en la mayoría de comunidades clama ayuda al gobierno central. Desde que el pasado miércoles se celebrara la reunión del Consejo de Salud Interterritorial en la que se pedía el adelanto del toque de queda, el gobierno ha puesto en conocimiento de las demarcaciones territoriales una serie de medidas para contener la pandemia, entre ellas, el cierre de los bares.
Estas palabras se hacen eco de una de las propuestas que ha sugerido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El responsable ha insistido en que cerrar los bares es una de las medidas más eficaces para frenar la transmisión del coronavirus, señalando que «nadie va a un bar a estar solo».
La medida se aúna a la serie de acciones que interfieren directamente con el ámbito económico, como sucede con el caso del cierre de las grandes áreas comerciales que es otra las opciones que baraja el Ejecutivo. Desde las comunidades autónomas existe cierta reticencia a toda sugerencia que recurra al cese de más actividades económicas, ya que cabe recordar que en lo capital, la situación que viven la mayoría de familias es crítica.
La hostelería: el principal damnificado de la pandemia
«Es una medida controvertida y que no es difícil de tomar, pero lo cierto es que en las comunidades autónomas que han optado por el cierre de la hostelería correlacionan muy bien el momento del cierre con descensos importantes y sostenidos de la incidencia, algo que no sucede tan claramente con otras medidas tomadas en periodos diferentes» ha aclarado el delegado del gobierno en materia de crisis.
Desde el gobierno se ponen a disposición de los espacios territoriales medidas para prevenir situaciones de riesgo de transmisión, el problema es que entran en conflicto con las situaciones de gobernanza económica que atraviesa cada lugar. Por ello, en las últimas jornadas se ha abogado por aquellas actividades que interfieran directamente con la responsabilidad ciudadana y se aboga por un «autoconfinamiento» para poner otra barrera a la pandemia.
«Cuando se está en el interior de un bar la gente no está sola en una esquina, sino que está con amigos e, incluso aunque se permita un 30 por ciento del aforo esta solo se podría garantizar si todo el mundo estuviera separado en una esquina. Por tanto, no es el hecho de abrir o cerrar un bar, sino de saber que incitan a situaciones de riesgo» ha concluido Fernando Simón.
Un tira y afloja entre comunidades y Ejecutivo
Desde que el ministerio de Sanidad no cediera ante la petición de adelantar el toque de queda, se ha establecido una especie de batalla por el poder restrictivo. En la actualidad las restricciones se centran en la imposibilidad de movimiento dentro de las horas nocturnas excepto motivo justificado, la limitación a las reuniones sociales a menos de diez personas, o las que aplicadas a las actividades económicas de diferentes sectores comerciales, como es el caso de la hostelería.
El gobierno ha recordado a las demarcaciones territoriales que solicitan más rigidez en las medidas, que aún tienen a su disposición la suspensión de toda actividad comercial, excepto aquella que sea estrictamente necesaria. A pesar de que es cierto que este tipo de decisión ayudaría en la contención, también lo es que reduciría gravemente la actividad económica en el sector servicios.
Los establecimientos que pueden continuar con su actividad por situarse en el grupo de primera necesidad son: médicos, ópticas, productos ortopédicos e higiénicos, prensa, farmacias, combustibles, estancos, tiendas de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, peluquerías, tintorerías, tiendas de animales o aquellas empresas dedicas a las actividades comerciales en remoto.