Con la llegada de la pandemia la situación económica para la mayoría de empresas se ha visto comprometida, ya sea en cuestión de productividad, como simplemente para prestar un servicio de cara al público debido a las restricciones. Para hacer frente a la época de vacas flacas que sufren la mayoría de negocios el Gobierno impulsará un paquete de ayudas valorado en 11.000 millones de euros, pero que solo recogerá a aquellos que retiren las demandas por daños y perjuicios provocadas por las medidas de los diferentes estados de alarma.
Así lo ha transmitido Pedro Sánchez a las patronales de hostelería, turismo y comercio, que considera obligatoria la renuncia de estas quejas dirigidas al estado si quieren optar a las ayudas propuestas por el gobierno. El presidente no detalló de que forma se distribuirán estas bonificaciones, ni cuáles son los requisitos, pero asegura que «van a ser ayudas a los balances de las empresas».
Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, el presidente confirmó que con esta serie de medidas se conseguirá «reforzar la solvencia de los balances y hacer las inversiones necesarias». Todo ello en un plan que pretende devolver la actividad económica a unos niveles previos a la pandemia, una tarea que no se antoja sencilla, y no se prevé que ocurra a corto plazo.
Denuncias por daños y perjuicios contra el Ejecutivo central
Fue una de las decisiones que tomaron muchos ciudadanos ante el cese repentino de su actividad productiva, las estrictas medidas que se tomaron en un primer momento hicieron saltar todas las alarmas y comenzar un infierno que ya dura un año. «Serán a los balances de nuestras empresas y autónomos a donde irá dirigida esta cantidad tan importante de 11.000 millones de euros» comenta Sánchez.
Lo que no ha comunicado es como se distribuirá esta inyección de capital, es decir, podría ingresarse una cantidad concreta para compensar un registro de pérdidas determinado o realizar una inyección genérica como compensación. Según ha detallado la dirección del estado este plan corre a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, que en «un muy breve plazo de tiempo» presentará un plan para la ciudadanía.
Según ha transmitido el gobierno a las patronales una de las condiciones innegociables es el retiro de las demandas contra la Administración que han presentado miles de negocios tras las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Durante este periodo fueron muchos los establecimientos que se vieron, no solamente obligados a reducir su actividad y plantilla, sino que tuvieron que echar el cierre definitivo por no poder hacer frente a la situación.
Esta medida se considera lógica, ya que no tendría sentido denunciar al estado que más tarde te va a bonificar. De todas formas esta condición es la primera de una serie de cumplimientos que tendrán que afrontar aquellos que soliciten la bonificación.
Los sectores más afectados
En toda lucha hay siempre un lado que más recibe, y en el caso de la pandemia por coronavirus el sector que ha afrontado las medidas más prohibitivas ha sido el de la hostelería. Especialmente por las restricciones que han impuesto tanto las demarcaciones territoriales como el gobierno central.
Por ello las organizaciones representantes del sector han aglomerado estas protestas para hacerle saber al gobierno de Pedro Sánchez su descontento por la situación vivida. Hace unas semanas la patronal hostelera de España impulsó una plataforma para recoger estas reclamaciones, que en la actualidad superan las 2.000. Según ha declarado esta formación se presentarán el próximo 14 de marzo, día en el que se cumple un año desde el dictamen del primer estado de alarma impuesto por el Ejecutivo.