En este momento trágico de la historia de España se habla de grandes crisis: la emergencia sanitaria, con decenas de miles de contagiados y fallecidos, y la recesión económica causada por el confinamiento y el parón de las actividades no esenciales. Ahora se abre un tercer frente, una crisis política que incluso el Gobierno de Pedro Sánchez asume.
Fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ayer en la sesión de control al Gobierno abrió la caja de los truenos al reconocer que España se encuentra en medio de una «crisis constituyente» que debe ser abordada por todos en un debate abierto.
Esta fue la respuesta del ministro a la pregunta de la diputada de ERC María Carvalho acerca de si el Gobierno piensa «considerar como terrorista al movimiento antifascista», y aunque parece más un mensaje tranquilizador a sus socios en plena negocación para que se adhieran al acuerdo para la nueva normalidad, tiene en realidad un transfondo muy significativo.
Con sus declaraciones, el Gobierno asume que el debate sobre la vigencia de la Constitución está encima de la mesa y recupera así la vieja reivindicación del PSOE de la reforma de la Carta Magna, que el propio Pedro Sánchez concretó en su demanda de modificar el artículo 2 para reconocer el carácter plurinacional de España cuando estaba en la oposición.
Unas aspiraciones que el propio partido abandonó cuando Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, y que ahora podría volver a retomar en el momento más crítico tras los efectos devastadores de la pandemia del Coronavirus en España.
Las reacciones no se han hecho esperar y las palabras del ministro no pasaron desapercibidas para aquellos que ahora le recuerdan a Sánchez que lo que hay no es una crisis constituyente, sino una crisis de Gobierno causada por su gestión de la pandemia.
El departamento de Justicia, por su lado, tira balones fuera y asegura que las palabras del ministro no se refieren a una reforma de la Constitución sino a los «cambios que se van a producir a partir de la nueva normalidad y las consecuencias que van a tener a todos los niveles». El ministro, por su lado, se excusa diciendo que no entendió bien la pregunta.
Nuevo encaje para vascos y catalanes
La insinuación del ministro de Justicia satisface en todo caso las aspiraciones de vascos y catalanes de incluir en una futura reforma constitucional un mejor encaje para sus comunidades autónomas, y eso obligaría a una modificación delTítulo VIII que es una de las ofertas a los independentistas como alternativa a la autodeterminación.
La polémica llega en pleno tira y afloja entre Gobierno y ERC por la mesa de diálogo en Cataluña, ya que para salvaguardar la estabilidad de la legislatura con el Coronavirus de por medio el Ejecutivo intenta ir abriendo la mano en el autogobierno de Cataluña aunque, por otro lado, niegan el anclaje legal de estas aspiraciones.
Las concesiones podrían pasar por la recuperación de los artículos del Estatut que fueron rechazados por el Tribunal Consitucional, y la reforma del Estatuto de Guernika, unas «soluciones imaginativas» con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resolver su contradicción: cómo satisfacer las aspiraciones de sus socios sin perjuicio de la igualdad de todos los españoles y sin llegar a transgredir la legalidad democrática.
República plurinacional
Y en medio de todo esto aparecen también las aspiraciones de Pablo Iglesias y Unidas Podemos, que a pesar de erigirse como el gran defensor de la Constitución en los últimos debates electorales, no renuncia a su voluntad de lograr una «república plurinacional y solidaria» mediante la puesta en marcha de procesos constituyentes.
Por eso ahora las palabras del ministro adquieren más relevancia que nunca y reabre un debate al que pueden aferrarse los sectores partidarios de la reforma constitucional. Otra cosa será su viabilidad, ya que el momento actual de emergencia sanitaria y el equilibrio de fuerzas en el Congreso impide a todas luces el consenso necesario para un cambio de tal calado.