Hasta que haya un tratamiento o una vacuna contra el Coronavirus. Este es el tiempo que durará la obligación de llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad para los ciudadanos de todo el territorio nacional en España, según ha acordado el Gobierno en un paquete de normas básicas de obligado cumplimiento que anunciará la semana que viene.
El Gobierno pretende así unificarlas medidas básicas en la lucha contra el Coronavirus en el marco del compromiso asumido esta semana con Ciudadanos a cambio de su voto favorable en la prórroga del estado de alarma.
Ciudadanos pidió al Gobierno un marco jurídico común para una salida ordenada del estado de alarma, y evitar así que algunas comunidades puedan eliminar prohibiciones como la de celebrar grandes eventos o llevar mascarilla en la calle cuando no se puede mantener la distancia de seguridad.
El Gobierno ha accedido a esta petición y el presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley que recogerá las medidas básicas que tendrán que cumplir todos los territorios en varios ámbitos.
En el ámbito sanitario, se establecerá la obligación de mantener las medidas de prevención actuales, como la distancia de dos metros en espacios públicos, incluida la hostelería y los comercios, los colegios y en el trabajo, durante todo el periodo de la «nueva normalidad» y hasta que haya un tratamiento o una vacuna contra el Coronavirus.
Este punto también incluye la obligatoriedad de llevar mascarilla en las mismas condiciones actuales (en el transportes público y en espacios abiertos y cerrados cuando no se puede garantizar la distancia de dos metros) y la obligación de los comercios de poner desinfectantes en la entrada durante todo el período de la «nueva normalidad».
Esto significa que habrá que seguir llevando mascarilla y manteniendo la distancia de dos metros de forma indefinida después del 21 de junio, fecha en la que acabará la desescalada y empezará la «nueva normalidad».
Compra de material sanitario
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó ayer que están trabajando en ese marco legal y que, en lo que se refiere al ámbito sanitario, el objetivo es que las comunidades mantengan la capacidad asistencial actual para poder actual no sólo si hay un rebrote sino de cara a una segunda oleada en otoño.
Todas las comunidades estarán obligadas a cumplir las medidas básicas que recoja el decreto-ley en varios ámbitos como el sanitario, comercio y transporte, y además se les exigirá que mantengan las previsiones de compra de productos sanitarios y equipos de protección individual, así como los sistemas de comunicación con el ministerio de Sanidad.
La normativa común es la fórmula que ha encontrado el Gobierno para gestionar la epidemia de forma conjunta cuando finalice el estado de alarma, y el real decreto será debatido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros como una forma de buscar el consenso.